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El juego de la OCA. Es en el que parece estar Pablo Tejada, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial 10, de Lomas de Zamora. Desde fines de septiembre, cuando apartó al dueño de la empresa, Patricio Farcuh, el magistrado parece retroceder más casilleros que los que avanza. Tras negativas de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata a nombrar administradores para la compañía, Tejada volvió a tirar los dados. Con un escrito firmado el 28 de diciembre, le solicitó al máximo tribunal bonaerense el sorteo de dos expertos en Administración de Empresas y un interventor, surgidos del cuerpo de peritos de la Cámara de Apelaciones provincial.
Tejada juega contrarreloj. El 21 de febrero vencerá el período de exclusividad. Es decir, el plazo legal para acordar una propuesta con sus acreedores. Ese día, también, finalizará su licencia como correo postal, otorgada hasta esa fecha por el Ente Nacional de Comunicaciones (Encacom), tras una orden del juez.
Hasta ahora, salvo Farcuh -apartado a pedido de la AFIP, el principal acreedor-, nadie parece dispuesto a asumir el manejo de la compañía. Desde su apartamiento, la administra la síndico del concurso, Vanesa Rubino. Pero recientes desacuerdos entre ella y la AFIP la llevaron a desistir de esa tarea, que, argumentó, excede sus funciones.
La Cámara Comercial de la provincia, entre tanto, rechazó la apelación de Farcuh y confirmó la intervención. Sus abogados, no obstante, obturaron la llegada de un interventor propuesto por la Secretaría de Trabajo de la Nación. Tejada, entonces, le pidió a la Suprema Corte bonaerense que designara administradores. El tribunal respondió que no le correspondía. En el siguiente casillero, el juez se jugó a que la Universidad de la Plata eligiera tres académicos. Con elegancia, la entidad replicó que, dada la altura del año y la premura de los plazos, sería imposible. Por eso, ahora, Tejada exigió que los interventores sorteados deberán aceptar el cargo en tres días, “bajo apercibimiento de ley”.
Carta explosiva
El concurso de OCA es una carta explosiva como pocas. Por ser el mayor correo postal privado del país y, sobre todo, por sus conexiones políticas, que exceden los $ 5800 millones que, originalmente, arrastraron a la empresa a la convocatoria. Hasta el 30 de octubre, había acumulado otros $ 3342,12 millones de deuda posconcursal. De ese monto, $ 2554,6 millones son nuevas obligaciones fiscales y previsionales. También, hay $ 247,18 millones posconcursales adeudados a obras sociales, $ 171,44 millones a sindicatos y $ 9,26 millones a mutuales.
En el concurso, ya existían cerca de $ 200 millones acreditados a la Federación Nacional de Camioneros, sus filiales territoriales y sus respectivas obras sociales. El 29 de noviembre, Hugo Moyano se apersonó en el juzgado, “a fines de manifestar su preocupación por la situación de la empresa, de los trabajadores, y el pago de salarios y cargas sociales”, según se lee en el acta de la audiencia.
El concurso de OCA tiene un pasivo verificado de$ 4494,53 millones. La empresa ya le presentó una propuesta a sus acreedores. Ofrece saldar el 80% del capital, en ocho cuotas anuales, con dos de gracia, a partir de la homologación del acuerdo. En ese paréntesis de 24 meses, pretende guardarse un derecho de pre-cancelación, abonando el 30% de la deuda verificada o admisible a quienes lo acepten.
Para cancelar su deuda con la AFIP, el 12 de diciembre solicitó el ingreso a un nuevo plan especial de pago. Según OCA, la deuda susceptible de saldar por este camino es de $ 2323,19 millones, más intereses. Ofrece pagar un anticipo de $ 321,82 millones. El ente recaudador no aceptaría, dado que, al haber incumplido la empresa con planes anteriores, estaría vedada de acceder a uno nuevo.
En su presentación a la AFIP, OCA asegura que, entre marzo de 2016 y mayo de 2017, perdió clientes y contratos por $ 4425 millones, de los cuales $ 1920 millones fueron a manos del Correo Argentino. Además, recordó que el Estado Nacional le debe $ 540 millones por prestación de servicios.
No es casual el período de tiempo argumentado por OCA. Es el plazo en el cual, según Farcuh, Moyano y Alfredo Romero -ex presidente y, en algún momento, accionista de la compañía- le arrebataron la empresa. Romero volvió a figurar en fojas recientes del expediente. Se lo intimó a devolver un automóvil (Mercedes-Benz Clase E 350 Coupe) que usaba él y está a nombre de la empresa. Lo hará la semana que viene.
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