El magistrado no dudó en calificar la situación como una “quiebra pedida compleja”, una categoría poco habitual que hace referencia a la magnitud del caso: hay miles de demandas civiles y denuncias penales acumuladas contra la firma, que desde hace años venía arrastrando reclamos por incumplimientos contractuales, demoras en entregas y presuntas estafas a compradores.
La resolución judicial abre ahora un proceso que promete ser largo y conflictivo. Los acreedores tienen plazo hasta el 11 de noviembre de 2025 para presentar sus pedidos de verificación ante la sindicatura, que será sorteada este lunes 13 de mayo. Una vez designado el síndico, se informarán sus datos de contacto y comenzará la etapa más delicada: la identificación y distribución de los activos disponibles.
Pero el fallo no se quedó ahí. El juez dispuso una batería de medidas drásticas: prohibió a terceros realizar pagos a la empresa, ordenó que todos los ingresos se canalicen exclusivamente a una cuenta judicial del Banco de Córdoba, dictó la inhibición general de bienes y la indisponibilidad de activos a nombre de la firma, e inhabilitó a sus directivos, Juan Pablo Márquez (presidente) y Ariel Hernán Márquez (vicepresidente).
Además, estableció que toda persona que tenga en su poder bienes de la empresa deberá entregarlos en un plazo de 24 horas, como paso previo a una futura liquidación de esos activos.
Dada la magnitud y sensibilidad del caso, ya intervienen en el expediente el Ministerio Público Fiscal, la Dirección de Defensa del Consumidor y la Secretaría de Derechos Humanos del Poder Judicial.