Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) reveló que continúa la sangría de alumnos de escuelas públicas a instituciones educativas de gestión privada.
Idesa asegura que la razón de este cambio de paradigma en la educación de los niños responde a la intensificación de las huelgas y al fuerte ausentismo docente más allá de los días de paro.
Según datos del Ministerio de Educación entre los años 2007 y 2015 se observa que:
- La matrícula total del nivel inicial, primaria y secundaria creció en 755 mil alumnos.
- En escuelas de gestión estatal, la matrícula creció en 266 mil alumnos.
- En escuelas de gestión privada, en cambio, la matrícula creció en 489 mil alumnos.
Los especialistas aseguran que estos datos muestran que el establecimiento de la paritaria fijando pisos que condicionan la posterior negociación en cada jurisdicción coincide con una importante fuga de las familias hacia las escuelas privadas.
Asimismo el estudio señala que resulta muy sugerente que prácticamente 2 de cada 3 nuevos alumnos de educación básica optaron por escuelas privadas cuando los padres de esos niños en su gran mayoría se formaron y sienten reconocimiento y cariño por las escuelas del Estado.
El estudio de Idesa sostiene que más que una opción por las escuelas privadas, la fuga parece asociarse a la impotencia y resignación que genera la degradación de las escuelas del Estado debido, entre otros motivos, a los conflictos docentes.
La educación básica de la Argentina es provista por 24 sistemas administrados por cada una de las provincias que conforman el país.
Este diseño es fruto de lo que señala el artículo 5 de la Constitución Nacional que cada provincia “dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”.
De este precepto constitucional se deduce que el Ministerio de Educación nacional no tiene ningún poder formal para imponer a las provincias una decisión, sostiene Idesa.
A pesar de la manda Constitucional, a partir del año 2007 se puso en práctica una paritaria liderada por el Ministerio de Educación nacional que fijaba pisos al salario docente que pagan las provincias.
Idesa asegura que esta intromisión potenció la conflictividad laboral afectando seriamente el funcionamiento de las escuelas.Actualmente se dejó de lado esa práctica, aunque eso no garantiza la falta de conflictividad con el gremio docente.
Esta nueva modalidad que asumió el Ministerio de Educación la Nación, es un paso “en la dirección correcta” al desestructurar un mecanismo cuyo único aporte es potenciar conflictos docentes en las provincias.
Asimismo, en el corto plazo obliga a asumir una transición compleja porque afecta intereses corporativos, pero es un requisito necesario para comenzar a revertir la decadencia educativa.
Los relevamientos de Idesa revelan que los años de intromisión del Ministerio de Educación nacional en la determinación del salario docente contribuyeron a empeorar la educación estatal al potenciar la conflictividad.
Al fijar a nivel centralizado pisos en las remuneraciones se aumentaban las demandas sindicales haciendo más difícil compatibilizarlas con las disponibilidades financieras de cada provincia: el resultado fue un exacerbamiento de los conflictos y las huelgas en las provincias.
Esta sería una de las razones por las que las familias migraron de un sistema educativo a otro, a pesar de los enormes costos para el bolsillo familiar que esta decisión implica.
Idesa también señaló meses atrás, que el problemas de las instituciones educativas del Estado no es la falta de recursos sino la falta de gestión.
“Esto motivaría el ausentismo y la desmotivación entre los docentes inducidos por esquemas salariales que promueven la mediocridad y la falta de compromiso”, aseguran desde Idesa.