AGUSTIN SZAFRANKO
Los escasos progresos en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los cuestionamientos desde el Gobierno comienzan a disipar las expectativas de que haya un nuevo programa de financiamiento antes de mayo, que era el plazo deseable hasta hace unas semanas.
Tal es así que los analistas ya dan por hecho que Argentina no acordará con el Fondo antes de las elecciones legislativas de octubre, gracias al margen que otorgan el alza del precio de las commodities como la soja y la posible distribución de asistencia extraordinaria por parte del propio FMI.
Es que tanto EE.UU. como importantes miembros de la Unión Europea apoyan que el Fondo desembolse cerca de u$s 500.000 millones a países cuya economía haya sido severamente afectada por la pandemia. La apuesta de Guzmán es que Argentina reciba su parte: unos u$s 3300 millones.
Por otro lado, la soja, principal exportación argentina, continúa con su rally alcista en los mercados internacionales: en los últimos tres meses trepó ya más de 20%, mientras que desde agosto la disparada es de más de 60%. Esta dinámica aseguraría un mayor de ingreso de divisas y una ampliación del superávit comercial.
Estos dos factores permitirían atravesar el período pre-electoral sin las ataduras fiscales que supone un programa de facilidades extendidas (EEF) y con la posibilidad de adoptar medidas expansivas para sostener su base de votantes en el actual contexto de crisis, aunque la postergación del acuerdo acarrearía riesgos potencialmente mayores.
"Considero descartado el acuerdo con el FMI en el corto plazo y en parte el riesgo país sube por esta interpretación", explicó Esteban Domecq, de la consultora Invecq, en referencia a las recientes subas del indicador que refleja la sobretasa a la que se financian los estados respecto al bono de menor riesgo de EE.UU: el de Argentina trepó 37 puntos básicos (un 2,4%) en las últimas tres jornadas, hasta las 1549 unidades, un dato preocupante que habla del abaratamiento de los títulos públicos argentinos.
Gabriel Caamaño, de Consultora Ledesma, coincide en descartar la posibilidad de que el acuerdo esté antes de las elecciones al asegurar que el Gobierno no considera digerible atenerse a las exigencias que acarrea tener un nuevo programa con el Fondo. "Si el Ejecutivo pretende un EEF, el Fondo les va a pedir un plan de consolidación fiscal y racionalización de la política monetaria, además de que se comprometan a una serie de reformas estructurales. Nada de eso parece políticamente digerible para las elecciones de octubre", comentó.
En caso de que el Gobierno termine confirmando que posterga el acuerdo, el escenario macroeconómico sufrirá una mayor incertidumbre, dado que representaría una señal negativa de que el Gobierno demostraría que "prioriza el desempeño electoral sobre la estabilización", explicó Matías Carugati, de Seido.
Además, Caamaño agregó que esta decisión limitaría la recuperación económica potencial, sin llegar a borrarla. En contrapartida, considera que el Gobierno buscará aliviar el bolsillo con medidas puntuales como la exención de topes salariales del impuesto a las Ganancias.
Por su parte, Matías Rajnerman, de Ecolatina, sostiene que las últimas declaraciones los funcionarios forman parte de la estrategia de negociación con el Fondo y todavía no descarta que haya acuerdo en los plazos que se preveía.
De todas maneras, coincide en que el frente externo le da un margen extra al equipo económico para negociar. "La distribución de Derechos Especiales de Giro (DEGs, la 'moneda' del FMI) más los dólares de la soja, el Gobierno tiene espacio para cumplir los compromisos con multilaterales e incluso atrasar el tipo de cambio para las elecciones", señaló Rajnerman.
Es que estos dos factores asegurarían un flujo de divisas que permitiría a la Argentina liberarse de obligaciones de pago que tiene con organismos multilaterales para las que el acuerdo con el Fondo es determinante.
La flamante secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, respaldó la distribución de DEGs adicionales.
Por un lado, en mayo vence una deuda con el Club de París por u$s 2400 millones que el Gobierno pretende renegociar, pero el grupo acreedor tiene un requisito general de que antes de sentarse a dialogar haya un programa con el FMI firmado, de ahí la intención que tenía el equipo de Guzmán de cerrar antes de que expirara. Si bien el pago tiene un plazo de gracia de 60 días, los analistas no ven que se acuerde con el Fondo ni siquiera en ese lapso.
Argentina no tiene un colchón de reservas netas, por lo menos actualmente, para hacer tal erogación, por lo que se abren distintos caminos. Puede caer en default con el grupo acreedor hasta que acuerde con el FMI, lo que incrementaría fuertemente la inestabilidad financiera y podría incluso complicar la relación con los países integrantes.
Pero también puede aspirar a convencerlos de reprogramar mostrando que la negociación con el Fondo está encaminada, dado que los miembros del Club de París son muy relevantes en el organismo multilateral.
"El año pasado se llegó a un acuerdo con el Club de París sin tener uno con el Fondo y se postergó el pago. Esta cuota es un resultado de intereses que se fue acumulando por pagos atrasados. Hay que ver si se puede hacer un pago parcial con los derechos especiales de giro, eso puede pasar. Creo que es algo charlable", consideró Caamaño.
Las otras obligaciones sujetas al acuerdo con el Fondo son los dos vencimientos de capital por u$s 1900 millones cada uno que Argentina debe abonar en septiembre y diciembre al propio organismo, que el Presupuesto 2021 asume que se reprogramarán. Pero dado que ya se descarta que el acuerdo estará listo después del primer pago (que no tiene plazo de gracia), Argentina está obligada a abonar.
Una de las posibilidades que se evalúa es que sea cubierto con parte del giro extraordinario del propio Fondo: es decir, Argentina utilizaría los DEGs que reciba para pagar la deuda, tal como viene ocurriendo con los pagos trimestrales de intereses al organismo con los que el Tesoro viene cumpliendo.