Más de tres horas pasaron reunidos a puertas cerradas, desde la tarde y hasta altas horas de la noche, funcionarios del Gobierno y los pesos pesados de las centrales obreras y los principales gremios negociando la forma en que se instrumentará el aumento salarial que el Ejecutivo prevé para todos los trabajadores del sector privado en el marco de la emergencia. Ayer quedó en firme que el anuncio formal del incremento, que tendrá el formato de una suma fija no remunerativa que podrá tomarse a cuenta de las respectivas paritarias, tendrá lugar la próxima semana (se menciona entre lunes y martes) y regirá desde el mes de enero.
Sin embargo, aún no está consensuado el monto del aumento salarial del sector privado ni las condiciones de una mejora para los trabajadores del Estado. "Se va a resolver una vez que este aprobada la Ley", dijeron desde la primera línea del Gobierno en referencia a la sanción del proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que hoy concretará el Senado. Si se cumplen esas previsiones, en la Casa Rosada especulan con un posible anuncio entre lunes y martes.
Cerca de las 18, uno de los titulares de la CGT, Héctor Daer, y el secretario del Sindicato de Peones de Taxi, Omar Viviani, cruzaron la puerta de la Casa de gobierno. Se fueron sumando el camionero Hugo Moyano; el secretario general de la CTA, Hugo Yasky; la CTAA, Ricardo Peidró; ATE, Hugo Godoy; el hombre fuerte en Comercio, Armando Cavallieri, y el de la UOM, Antonio Caló, entre otros. Rezagado, completó la nómina Roberto Baradel, en nombre de los docentes bonaerenses.
Los sindicalistas discutieron con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, en qué modo se pretende otorgar la recomposición de haberes en el sector privado.
Entrada la noche, las posiciones de los gremialistas no eran compartidas con el lado de la mesa gubernamental, que a través de la ley queda con capacidad de aliviar a las empresas que paguen la mejora salarial con deducciones de contribuciones y aportes patronales.
El presidente Alberto Fernández monitoreó el transcurso de la reunión a través de sus asesores y cerca de las 21 dejó la Casa Rosada rumbo a Olivos. Cafiero, Moroni y Béliz siguieron hasta más tarde con los sindicalistas, preparando un anuncio y también limando asperezas por el dinero que la Nación retiene a las obras sociales sindicales, las cuales quedaron excluidas del "perdón fiscal" que regirá en 2020 para congelar ejecuciones y juicios por deudas que sí les valdrá a las clínicas, sanatorios, hospitales y geriátricos.