El procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y su equipo trabajan contrarreloj para preparar y llevar adelante la apelación como última instancia judicial que le queda al Estado argentino para revertir el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) por Aerolíneas Argentinas.
El tribunal declaró que la expropiación del Grupo Aerolineas Argentinas y Austral como "ilícita" y por no brindar trato justo y equitativo (TJE) lo que significa que la Argentina deberá pagar más de u$s 320 millones por daños a los tenedores del litigio , que se inició en diciembre de 2008.
"Sólo queda una instancia de apelación. No hay muchos pasos más y aún falta definir la fecha para poder realizarla", explicaron a El Cronista desde la Procuración de la Nación.
Desde el Ministerio de Transporte, principal accionista de la compañía aérea de bandera, decidieron esperar los pasos de la Procuración, pero no dejar pasar la oportunidad de hacer circular que quienes llevaron adelante la expropiación fueron los ahora precandidatos por la oposición a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadan, Axel Kicillof (ex ministro de Economía); a Presidente por el Frente Renovador Sergio Massa (ex jefe de Gabinete), y el tercero que firmó el decreto de estatización fue el detenido Julio De Vido (ex ministro de Planificación).
Y no sólo eso, sino que filtraron que Kicillof, que fue gerente general de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno anterior, aún sigue siendo empleado de la línea de bandera, porque pidió licencia por cargo electivo. "La empresa no lo puede despedir", señalaron desde el entorno de Guillermo Dietrich.
El Ciadi definió que la Argentina debería pagarle a los tenedores de la demanda un total de u$s 320 millones. La dimensión del monto significa poco menos de un año y medio de subsidio operacional a los niveles actuales de la compañía que este año necesitará u$s 200 millones de dólares para operar.
Si se toman el promedio de los subsidios que se le otorgó a la compañía aérea para operar desde 2009 al 2015 que fue de 678 millones de dólares, significa poco más del 47% que necesitaba de aportes del Tesoro nacional para operar.
Los detalles de la demanda
El fondo Burford Capital fue el que impulsó la demanda que había iniciado la española Teinver S.A., la empresa ibérica que denunció a la Argentina.
Sin embargo, en 2018 el fondo que tiene entre sus principales operaciones comprar barato demandas contra los Estados (en la Argentina también tiene el juicio por otros u$s 300 millones contra YPF y también trajo malas noticias para el Estado) vendió su participación en el juicio.
Tanto es así que ayer emitió un comunicado en donde señala que en 2018 vendió todos su derechos "en la demanda de Teinver "por un total de u$s 107 millones".
Es decir, a Burford los derechos de la demanda que habían comprado en u$s 13 millones, les generó una ganancia de 736%.
El fondo conocido como "buitre" señaló que a fines de 2016, "en un momento en que el tribunal arbitral había decidido la cuestión clave de la jurisdicción a favor de Teinver, pero no había decidido los méritos del caso, la inversión se realizó a un valor razonable de u$s 30 millones, de los cuales u$s 17 millones fueron ganancia no realizada (19% de la ganancia total final) y u$s 13 millones fueron costos.
Durante el 2017, el tribunal arbitral decidió el asunto a favor de Teinver y le otorgó daños sustanciales, y Burford aumentó el valor razonable de la inversión de u$s 39 millones a u$s 69 millones.
En 2018, cuando Burford vendió la inversión por u$s 100 millones a los que sumará otros u$s 7 millones asociados al vencimiento de la venta durante este año.