OCA tiene precio. Quien quiera quedarse con el mayor operador postal privado de la Argentina deberá pagar u$s 37 millones. Es la valuación que hicieron de la compañía los enajenadores de la quiebra. En estos días, tras la negativa del Tribunal de Tasaciones de la Nación a tasar a la empresa -como pretendía Pablo Tejada, titular del Juzgado Civil y Comercial 10 de Lomas de Zamora, donde se tramita la quiebra-, los liquidadores deberán ratificar el monto ante el tribunal. O, caso contrario, indicar si hubo alguna modificación.
Hoy, OCA es una empresa de u$s 120 millones anuales de facturación. El precio puede parecer alto para una empresa en una hemorrágica agonía financiera. Pero, también, dista bastante de los u$s 60 millones que su último dueño, Patricio Farcuh, habría pagado hace siete años. Y está muy lejos, por supuesto, de los históricos u$s 450 millones en la que el Exxel Group se la compró a Alfredo Yabrán, a fines de 1997.
OCA está quebrada, con una deuda verificada de $ 4894 millones y un pasivo posconcursal que superó los $ 10.000 millones y se agiganta día a día. Sólo en mayo, habría perdido casi $ 20 millones por día, según el último informe de recursos y gastos que se lee en el expediente. Para este mes, la empresa había presupuestado ingresos por $ 674,16 millones, obligaciones exigibles por $ 1054 millones y $ 423,54 millones en remuneraciones. Es decir, un déficit mensual de $ 604,4 millones.
Tejada les había encomendado a los enajenadores –Alicia Kurlat y Carlos Tabasco– que hicieran una valuación para tener un precio base para una eventual licitación. En su informe –confidencial, al que accedió El Cronista–, los liquidadores trazaron cinco escenarios, a cinco años. Además del precio de adquisición –los u$s 37 millones, que equivalen al levantamiento de la quiebra–, todas las proyecciones contemplan un financiamiento puente de u$s 4 millones en el primer año e inversiones, al cabo del el lustro, por u$s 24 millones. Eso, al margen de las indemnizaciones, cuyo monto oscila entre u$s 13 millones y u$s 20 millones, según el escenario.
De acuerdo con esta proyección, que difiere en función del volumen de ventas, el nivel de gastos –sobre todo, los pagos por despidos– y la venta de activos ociosos, en cinco años, el eventual comprador habrá recuperado entre u$s 65,5 millones y u$s 83,74 millones, en concepto de resultados anuales acumulados, se observa en las planillas de Excel anexas a l informe.
En la valuación, aclaran los liquidadores, está previsto el recorte del 5% del plantel –hoy, OCA tiene 6041 empleados– sin cargo para el comprador. Además, “la nueva empresa” (como la llama) no tendría los conceptos salariales denominados “adicionales OCA” (o “Convenio de empresa”, según el acuerdo con Camioneros), hoy bajo la mira de la administración actual de la empresa.
“Se estima que todo nuevo empresario deberá realizar inversiones adicionales”, agrega el informe. “Se admite que parte del precio a abonar se integre como inversión en indemnizaciones. Al respecto, estimamos que dicha integración no debería exceder del 50% del precio de adjudicación”, señala.
De los u$s 37 millones, un 67,56% está compuesto por disponibilidades y créditos por ventas; un 8,1%, por tres inmuebles; un 8,1% por la flota de vehículos; y un 16,24% por sus activos intangibles: el valor llave del negocio OCA como empresa en marcha, sus marcas, clientes, sistemas y know-how.
Esto último recibió un cuestionamiento de las administradoras judiciales, quienes aseguraron al juez Tejada que no se consideró el valor venal de la marca, ni de la capilaridad que tiene en todo el país. Sobre todo, cuando, debido a la pandemia, crece la venta online y, en consecuencia, la entrega de paquetería, “uno de los rubros principales de la organización y que, indudablemente, representan una futura ventaja para el devenir de OCA”.
Precisamente, los síndicos de la quiebra, Analía Ostojich y Roberto Arébalo, remarcaron que, por la pandemia, hubo un “incremento inusitado en el servicio de entrega de paquetería derivado de la venta por comercio electrónico, que ha ocupado fuerza y capacidad de trabajo otrora ociosa, con el consiguiente aumento en la facturación que, francamente, venía en lento descenso”.
De la planilla a la realidad
OCA está pagando los sueldos en cuotas, a lo largo de mes. El de febrero, por ejemplo, terminó de abonarse en los últimos días de marzo. Según la AFIP, su principal acreedor, no cumple con las obligaciones previsionales. Se inscribió en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), solicitó el Repro Covid y buscará renovar su procedimiento preventivo de crisis (PPC), esta vez, ampliándolo al 100% de su dotación.
Les está pagando el 75% de los salarios a los 881 empleados que no quieren trabajar por temor al contagio, “aun cuando los representantes sindicales aconsejan no abonarles haber alguno”, dado que “el efecto en sus compañeros de trabajo es muy negativo”, según se lee en una presentación judicial.
A través de Rodrigo Condorí, abogado del gremio, Camioneros participa en la administración de la empresa. El sindicato también fue clave en otra medida drástica, propuesta por la intervención: la quita de los “adicionales OCA”, ítem que le cuesta a la compañía $ 26 millones mensuales. Se pactó un congelamiento en el monto actual –sin los aumentos previstos para abril y a futuro– y suspender el pago de comida y viáticos para aquellos que, por ser población de riesgo, no concurren al trabajo. Además, se recortó en un 2% el aumento previsto en abril para el personal fuera de convenio. También, se planteó la posibilidad de hacer, en junio, una “paritaria OCA”, que contemple la situación particular de la empresa.
Todos –acreedores, administradores, síndicos, enajenadores– ya le hicieron saber al juez la urgencia de que acelere el proceso de venta. Experta ART, segundo acreedor después de la AFIP e integrante del comité de control junto al ente recaudador, lo volvió a enfatizar. “No es la quiebra la que deba financiar una operación deficitaria, especialmente, cuando esa situación no parece contribuir a una venta más ágil y tampoco a la obtención de un precio mayor”, afirmó en su presentación.
Cuando Farcuh concursó la compañía, en septiembre de 2018, culpó de las calamitosas finanzas de OCA a los manejos opacos durante la "usurpación" (sic) de la empresa. Ya era público el video de seguridad que mostró cómo, dos años antes, los Moyano (padre e hijo), junto a una guardia petroriana, lo habían expulsado a los cachetazos de su oficina.
Aunque, en el marco de la quiebra, los candidatos a comprar la empresa hoy son confidenciales, la semana pasada, tomó estado público el interés del Grupo Campici, dueño de Escudo Seguros. Esta empresa es el actual sponsor de Independiente, una razón por la cual las malas lenguas vinculan a su CEO, Gonzalo Campici, con Hugo Moyano.
Memoriosos recuerdan que el hombre del camión se convirtió en presidente del club de Avellaneda de Avellaneda en julio de 2014. A los días, firmó su primer contrato de patrocinio para la camiseta roja con otra firma a cuyo joven y ascendente dueño también se le atribuían nexos con él: OCA. El Diablo está en los detalles.