La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó ayer el pedido de Argentina para revisar la jurisdicción de la demanda por la nacionalización de la petrolera YPF, que había iniciado el fondo Burford Capital.
El máximo tribunal norteamericano confirmó la jurisdicción neoyorquina para la causa, contra el reclamo argentino que buscaba que el juicio se desarrollara en Buenos Aires por tratarse de una decisión soberana.
Ahora el Gobierno argentino cambió de estrategia e irá a fondo en varios frentes.
La representante legal de la parte demandada (el Estado argentino), Maura Barry Grinalds, del estudio Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, presentó un escrito ante el juzgado de Loretta Preska (la magistrada de primera instancia en el Distrito Sur de Nueva York que reemplazó a Thomas Griesa) para solicitar una conferencia previa a la moción con la que Argentina intentará que se desestime el caso.
Con el fallo en contra de la Corte sobre el recurso de Writ of certiorari, con el que el Estado pretendía resolver en su propia jurisdicción el caso por entender que no se puede juzgar en el exterior una decisión soberana (como la estatización de la petrolera en 2012), ahora la Procuración del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías quiere acelerar los tiempos.
En resumidas cuentas, la estrategia estará basada en tres argumentos: que por tratarse de una empresa argentina como YPF, Nueva York no es la plaza indicada para el juicio; que las firmas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, que fueron controladas por la familia Eskenazi hasta su quiebra declarada en España, no tienen estatus legal en el caso, ya que los accionistas argentinos no pueden demandar contractualmente a otros basándose en principios de la compañía; y que YPF no estaba obligada a realizar una Oferta Pública Inicial (OPA, por sus siglas en inglés).
Si Preska desestima la moción argentina, avanzará el juicio que le costaría al Estado unos u$s 3000 millones, en caso de obtener una sentencia en contra de la jueza heredera de Griesa.
El pedido de moción es la instancia previa al discovery, un mecanismo amplio en el que se indagará a fondo las cuestiones técnicas del proceso y mediante el que Preska podría solicitar medidas de prueba a las partes y decidir los términos y el alcance del juicio.
Con el discovery se necesitaría que todos los demandantes que están atrás de la causa por las acciones de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora (las sociedades que pertenecían a la familia Eskenazi) blanqueen su identidad ante la Justicia como condición previa al desembolso del dinero.
Esto podría generar alguna sorpresa y hasta escándalo en el plano local, si se descubriera que hay demandantes argentinos contra el Estado.
Según fuentes oficiales, el Gobierno confía en una sentencia a favor en Estados Unidos y creen que podrán demostrar que la compra de las acciones de YPF por parte de los Eskenazi habría sido fraudulenta.
Además, plantearán que Burford está violando la legislación sobre sociedades argentinas, que impiden que un accionista argentino le inicie una demanda a otro accionista.