Sin demasiado interés genuino, el Gobierno aceptó embarcarse en un paulatino programa de reapertura de fronteras bajo criterios epidemiológicos objetivos ante el interés que este tema despierta en las principales potencias mundiales, y bajo una fuerte presión del sector aerocomercial que acusa a la Argentina de dilatar los protocolos para restablecer rutas que quedaron truncas por la irrupción del coronavirus.
El levantamiento de las restricciones migratorias fue uno de los principales temas abordado durante la reunión extraordinaria de ministro de Relaciones Exteriores del Grupo de los 20 (G20 ), de la cual participaron por videoconferencia el canciller Felipe Solá y el embajador en los Estados Unidos y sherpa ante el foro, Jorge Argüello.
Los ministros de las 20 economías industrializadas más pujantes reconocieron la importancia de reabrir fronteras, de acuerdo a una declaración oficial, a la vez que se comprometieron a promover procedimientos que permitan a las economías prosperar a la luz de las medidas de protección.
El secretario general de Naciones Unides, Antonio Guterres, fue de los más enfáticos al reclamar a las principales potencias acordar criterios objetivos para remover las restricciones de viajes, incrementar la inversión en sistemas y prácticas que garanticen viajes seguros, mejorar la coordinación de prácticas de testeo y seguimiento para evitar la propagación del Covid-19 con el turismo, y asegurar a la vez el respeto de los derechos humanos de los migrantes.
El canciller Solá comprometió la participación argentina en la estandarización de criterios, en las medidas de las posibilidades, subrayó ante sus pares, según pudo reconstruir este diario.
Su intervención casi que dejó de lado el tema y se focalizó en insistir en que la vacuna sea de acceso universal, a la vez que agradeció el apoyo del foro para resolver la reestructuración de deuda con los bonistas privados.
La decisión adoptada en el pleno del G20 coincidió con un duro pronunciamiento de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) contra el gobierno de Alberto Fernández por la "constante dilación" en el retorno de los vuelos habituales y su consecuente pérdida de conectividad con el mundo. El comunicado concluye con duras palabras: "No queremos que el país se convierta en otra Venezuela".
Al inicio de la cuarentena estricta, el Gobierno había suspendido los vuelos de cabotaje e internacionales hasta septiembre, cuando se aguardaba un retorno de la conectividad aérea.
Sin embargo, el Ministerio de Transporte postergó la reanudación del tráfico y ahora especula con permitir un retorno parcial desde octubre. El sector, sin embargo, dice que ya se ha adecuado para reanudar la actividad.