La Secretaría de Energía analizó en las últimas semanas eliminar los subsidios a la electricidad de grandes usuarios para ahorrar unos $ 35.000 millones y restar presión para un aumento de tarifas a otros sectores.
La propuesta, que todavía está en estudio y debe ser aprobada por Presidencia, apuntará a la demanda General no residencial que consume más de 300 kW de potencia, e incluye a pequeñas industrias y comercios.
Así lo confirmaron a El Cronista fuentes oficiales, aunque aseguraron que la idea aún estaba en análisis. Si finalmente prospera, solamente quedarán subsidiados los usuarios residenciales (hogares) y los comercios con menor demanda de potencia.
Según datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), la programación trimestral febrero-abril 2021 establece que el precio promedio por megavatio-hora (MWh) del sistema es de u$s 60,11 o $ 5692, que el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) paga a medias con el Estado nacional.
Los Grandes Usuarios Mayores (GUMA), Menores (GUME) y la Autogeneración abona el precio completo, mientras que la Demanda General no Residencial con consumo mayor a 300 kW paga $ 3152 (55% del costo) y quienes utilizan menos de 300 kW destinan $ 2268 por MWh (el 40% del costo).
Puntualmente, Energía evalúa eliminar los subsidios a la Demanda General no residencial con consumo mayor a 300 kW (Grandes Usuarios del Distribuidor, GUDI), que utilizan en total unos 2828 gigavatios-hora (GWh) al año, o un 9% del total del sistema.
Con esta medida, los subsidios solamente se concentrarían en el 73% del sistema, mientras que grandes industrias, fábricas y comercios electro-intensivos pagarían el costo completo de la energía eléctrica.
A medida que se deprecia el peso frente al dólar, crecen las necesidades fiscales del Estado mientras se mantengan congeladas las tarifas, ya que los costos principales del sistema (gas para las usinas termoeléctricas y contratos renovables) están en dólares.
Por caso, los usuarios residenciales (hogares) abonan únicamente $ 2007 por MWh, el 35% del costo total.
Por esta vía se canaliza la mayor parte de los subsidios energéticos, presupuestados en unos $ 623.000 millones en total (1,7% del Producto Bruto Interno, PBI).
De acuerdo al informe de resultado fiscal que presentó la Secretaría de Hacienda, en enero de este año la asistencia financiera del Tesoro a Cammesa fue de $ 6954 millones, con un salto interanual de 55,2%, que superó ampliamente la inflación.
La empresa mixta que administra el sistema requiere cada vez más subsidios del Estado, ya que, por el congelamiento de las tarifas, las distribuidoras dejaron de pagar la energía y se financian con ese dinero.
Esa deuda ya trepó por encima de los $ 140.000 millones y será negociada en los próximos meses con las autoridades energéticas, con la oferta de planes de pago en hasta 60 cuotas con seis meses de gracia y la ejecución de inversiones prioritarias.
A diferencia del caso del gas (ver aparte), la Secretaría de Energía no definió hasta ahora una convocatoria a audiencia pública para analizar los costos del mercado eléctrico mayorista, su pasaje a tarifas y la porción que asumirá el Estado mediante subsidios.
Y como el sector tiene regulación provincial (excepto en el transporte de energía y la distribución en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, donde controla la Nación), algunos gobernadores ya avanzaron por su cuenta en aumentos de tarifas.
Tal es el caso de Salta (Edesa), Tucumán (Edet), Chaco (Secheep) y Mendoza (Edemsa), donde la negociación es con el poder provincial.