El Gobierno busca alternativas al sistema de jubilación de reparto y ultima detalles para dar un incentivo fiscal a aquellos que ahorren ya sea tanto en un fondo como en un seguro de vida y retiro.
Como pudo saber El Cronista, el propio Nicolás Dujovne firmaría en breve un decreto que actualiza las alícuotas que son deducibles del impuesto a las Ganancias. Este monto que es fijo, no se toca desde 2001.
Una vez que el decreto de Hacienda vea la luz, la Comisión Nacional de Valores tiene vía libre para reglamentar estos dos instrumentos en el mercado de capitales.
La expectativa es que lo primero salga antes de fin de año, aunque "el gancho" del Ministro puede verse demorado por el frenesí político de los últimos días del año.
Luego, pueden pasar algunos meses hasta que el regulador oficialice los detalles acerca de cómo van a funcionar estos instrumentos en la práctica. Se sabe que hay un borrador listo en el que trabajaron en forma conjunta la CNV y figuras del sector privado.
En principio, lo que se propondría es una quita de una suma fija de $12.000 para el primer año de quien suscriba a este instrumento. Este monto se elevaría a $18.000 en el segundo año y a $24.000 en el tercero.
Más allá del detalle, en la City ven esto como una señal del Gobierno para impulsar un segmento de la industria que había quedado relegado hasta ahora. Es que los montos propuestos están muy por debajo de lo que los $1000 ( equivalentes a u$s 1000) que regían hasta 2001.
La industria de fondos está particularmente interesada en ofrecer este tipo de productos, que puede resultar una alternativa eficiente para canalizar el ahorro de mediano y largo plazo en el mercado de capitales. Lo mismo ocurre dentro del sector asegurador. Ambas puntas privadas esperan que la reglamentación final ponga a estos productos en igualdad de condiciones para salir a competir en el mercado.
Además, se espera que también haya un incentivo fiscal para las empresas que propongan este sistema de ahorro de mediano plazo entre sus empleados.
En tanto, el interés del Ejecutivo en ofrecer esta pata privada como alternativa al sistema jubilatorio vigente radica en dos factores. Por un lado, cumplir con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional sobre hacer crecer el mercado de capitales local. Por otro, la necesidad de alivianar al sistema previsional de reparto. El cálculo es que por cada jubilado se necesitan los aportes de tres trabajadores en actividad. Así se cubre sólo el 75% del haber jubilatorio. El 25% restante es aportado por el estado.
Así, lo que el Gobierno espera es que las jubilaciones se sustenten en tres pilares: uno no contributivo (la Pensión Universal del Adulto Mayor); otro contributivo, en función de los años de aportes, y otro voluntario, que dependerá de que crezca la industria del seguro de retiro y vida.