El kirchnerismo duro avanza con otra propuesta concreta para marcarle la cancha a Alberto Fernández. Esta vez se trata de un tema de alta sensibilidad: la posibilidad concreta de declarar como un "recurso estratégico" al litio, al mismo tiempo que establecer un mayor control estatal en la industria de extracción y procesamiento de este mineral altamente valioso a nivel mundial.
Luego de las intenciones de estatizar la Hidrovía, poner un límite al aumento de las tarifas de servicios y establecer un esquema de control de precios, el ala dura del Frente de Todos se propone impulsar un nuevo esquema legal para el tratamiento del litio que tiene dos vías de acción: por un lado, avanzar con un proyecto de ley tendiente a nacionalizar el uso de este mineral para calificarlo como un recurso estratégico y, por otra parte, crear una empresa binacional con Bolivia para desarrollar la producción de manera conjunta.
En el plano legislativo, los diputados kirchneristas Marcelo Koenig y Carlos Heller, con el aval de la vicepresidenta Cristina Kirchner y del jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, empezaron a elaborar sendos borradores de proyectos de ley destinados a imponer un nuevo status al tratamiento de litio en la Argentina que se despliega en el denominado triángulo del oro blanco conformado por las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca.
"La idea es empezar a ver el litio como un recurso de estratégico nacional y fijar pautas de control estatal en las etapas de exploración, explotación y procesamiento del mineral", confirmó a El Cronista el diputado Koenig. Este diputado del Frente de Todos bonaerense ya habló del tema con Máximo Kirchner pero también cuenta con el aval de los ministros de Defensa, Agustín Rossi y de Medio Ambiente, Juan Cabandié.
La idea es confluir en un solo proyecto de ley. esa es la orden que bajó Máximo Kirchner y que mantiene la esencia central de la idea de declarar al litio como un recurso estratégico y de interés nacional.
Según los proyectos en danza del kirchnerismo que pasaron por el filtro del Instituto Patria ya tienen el aval de varios ministros y establecen que la intención de declarar el litio como un "recurso estratégico" con intervención estatal, se sustenten en el artículo 124 de la Constitución Nacional.
En dicho artículo la Carta Magna sostiene que "corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio".
Al mismo tiempo, el artículo 124 de la Constitución establece que "las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto".
UNA COMISION NACIONAL
En este sentido, el proyecto de Koeing al igual que el de Heller contempla la posibilidad de crear una Comisión Nacional del Litio que se encargaría del desarrollo de este mineral y que estaría conformada por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, de las provincias que cuentan con este recurso natural y con referentes del ámbito científico.
La idea del kirchnerismo duro es que el gobierno imponga en el tema del litio un modelo de producción como el de Bolivia donde el Estado tiene una fuerte impronta. Esto implicaría controlar la extracción y la producción por parte del Estado aunque las empresas extranjeras o los privados locales que ya invierten en el país seguirían con sus contratos aunque con mayor seguimiento del Estado.
El ministro de la Producción, Matías Kulfas, no avalaría plenamente la idea de estatizar todo el proceso de producción del litio. Por el contrario, Kulfas, con aval del Presidente, por ahora sólo elaboró un proyecto de ley para que haya una participación mixta con el sector privado para la fabricación de las baterías de litio en la Argentina.
De hecho, como adelantó El Cronista, el Ministerio de la Producción ya cuenta con el borrador de un proyecto de ley de electromovilidad que se sustentada en tres pilares: incentivos impositivos, exigencias de línea de producción y obligaciones contractuales para los próximos 10 años.
El presidente Alberto Fernández ya adelantó que presentaría en el Congreso la idea global del proyecto de electromovilidad para avanzar cuanto antes en la reconversión de la producción de energía eléctrica en la Argentina. Y Kulfas dijo que "la ley de movilidad sustentable apunta al desarrollo de una industria que será central en los próximos años. El mundo avanza hacia el reemplazo gradual y paulatino de los vehículos que utilizan combustible fósil por otros a baterías de litio e hidrógeno verde".
Pero aún la iniciativa no se giró al Congreso y algunos atribuyen esto a las diferencias de criterio que hay con el ala dura del kirchnerismo ante el tratamiento del litio como recurso estratégico nacional.
Para el kirchnerismo duro el proyecto de Kulfas se limita a la tercera etapa del procesamiento del litio: es decir, al desarrollo de la producción de baterías para energía eléctrica en colectivos y autos en el futuro. Pero la exploración y explotación sería vigilada atentamente por el Estado.
"La idea es que se respeten a las comunidades y pueblos originarios en la explotación del litio, que no todo destino del mineral sea exportable y que haya un trabajo mixto con el sector privado", remarcó el diputado Koeing que ya dialogó del tema con los máximos referentes del Instituto Patria.
EL PROYECTO DE BOLIVIA
En paralelo al plano legislativo el gobierno trabaja desde el plano diplomático en la instrumentación de una Mesa del Litio con Bolivia para avanzar en una suerte de empresa binacional.
El embajador argentino en Bolivia, el kirchnerista Ariel Basteiro, otro de los pilares el política exterior del Instituto Patria, ya entabló negociaciones con el gobierno socialista de Luis Arce para llevar adelante esta estrategia internacional en torno al litio.
Según comentaron a El Cronista funcionarios de la Cancillería, la idea es elaborar un protocolo de trabajo conjunto con Bolivia para desplegar un desarrollo conjunto de la exploración y explotación de litio, realizar investigaciones entre científicos de ambos países y fijar reglas de juego comunes con el sector privado extranjero.
Desde épocas en que Evo Morales gobernaba Bolivia que el litio forma parte de un recurso del Estado nacional donde el sector privado y las compañías extranjeras casi no intervienen en la producción. La intención de la Argentina ahora es tomar buena parte de ese modelo y desarrollar un trabajo conjunto.
En esto trabaja no sólo el embajador Basteiro sino también el ministro de Ciencia y Tecnología, Luis Basterra. Ya hubo reuniones con sus contrapartes bolivianos a la vez que con investigadores del Conicet para moldear esta idea.
La intención del gobierno es que en la visita que realizará el presidente Arce en agosto para reunirse con Alberto Fernández se termine de cerrar este acuerdo de la empresa binacional por el litio.
En Bolivia hay un límite muy estricto al momento de la incursión privada en la exploración del litio y la empresa estatal YPFB tiene un peso muy fuerte al momento de manejar los yacimientos de litio.
Se sabe que el triángulo de Bolivia, Argentina y Chile es uno de los reservorios de litio más importantes del mundo. En la actualidad hay más de 15 países que invierten en esa zona para la extracción de un mineral escaso de donde se producen las baterías para celulares y para automóviles eléctricos.