SANTIAGO SPALTRO
Las distribuidoras y transportistas de gas ultimaban por estas horas la presentación de sus nuevos cuadros tarifarios, aunque algunas empresas ya pidieron recomponer sus ingresos entre un 50% y un 60% a partir del 1 de abril, lo que tendría un impacto de alrededor de un 20% en las boletas que les llegan a los usuarios.
Los nuevos cuadros tarifarios propuestos por las licenciatarias de los servicios públicos incluyen subas de entre 50% y 60% en el segmento regulado, que tendría un impacto en el costo final de los usuariosEstos números difieren largamente de los aumentos que está dispuesto a reconocer el Gobierno. El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, había dejado trascender entre las compañías que la suba sería de entre 7% y 9% final, que permitiría mejorar en hasta un 29% los ingresos de las licenciatarias de estos servicios públicos.
Pero, según pudo saber El Cronista mediante fuentes del sector privado, el organismo instruyó y les dio libertad a las empresas de pedir en sus cuadros tarifarios lo que necesiten, que luego sería analizado y negociado. El martes 16 de marzo esos números serán evaluados en una audiencia pública, que contará con la oposición de las asociaciones de usuarios.
Se descarta que el Gobierno no aprobará las propuestas privadas y hará cambios sensibles, lo que llevará a la discusión a otra etapa. En el futuro, las firmas podrían iniciar juicios en tribunales internacionales por el incumplimiento de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) 2017-2021, que el Enargas quiere evitar con la firma de acuerdos transitorios.
Así fue como algunos de los cuadros, que se publicarían hoy en la web del Enargas, contemplarán propuestas de aumentos en torno a un 20% final, de acuerdo a lo que contó a este diario el directivo de una compañía, en estricto off the record. En el sector también confían que otras firmas presentarán cuadros "razonables", con menor impacto sobre la población.
A esta cifra se alcanza teniendo en cuenta el alza de entre 50% y 60% en las tarifas de transporte y distribución que las empresas requieren, aunque remarcan que lo que en realidad consideran que corresponde es entre un 125% y un 148%, basado en la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) o "inflación mayorista" acumulada desde abril de 2019. Además, presupone que no habría incrementos en la porción del gas que se traslada a las tarifas.
En otras palabras, la propuesta de un aumento de un 20% final implicaría que los subsidios sigan en ascenso, ya que no habría una suba que reconozca el costo del gas (tanto el producido nacionalmente como el importado), y el Estado se tendría que hacer cargo de esa parte.
El Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía tienen otros planes. En la audiencia pública del lunes 15, estudiarán cuánto del costo del gas debe ser trasladado a los usuarios, en pos de disminuir los subsidios.
De cualquier modo, éste será un régimen de transición hasta la renegociación de los contratos, que se iniciaría después de las elecciones legislativas de octubre. La RTI vigente vence en marzo de 2022.