Pese a los esfuerzos del Gobierno por intentar encorsetar las paritarias en una pauta del 23%, en línea con la suba de precios anual que estimó en el Presupuesto aprobado por el Congreso, el nivel de la inflación en el primer bimestre del año, que acumulará más de un 6% -según diversas estimaciones privadas-, sumado a la incertidumbre sobre su evolución en el mediano plazo complica severamente los planes oficiales.
Los grandes gremios del sector privado que encararán las discusiones salariales entre marzo y julio próximo ya le hicieron saber a la Casa Rosada que irán a las negociaciones con el reclamo de un piso del 35% para los aumentos y el desafío de incorporar en los convenios una cláusula gatillo que habilite hasta la revisión mensual de los incrementos consensuados.
Ese esquema supone una profundización del proceso de revisión de los convenios que tuvo lugar en la segunda mitad de 2018, cuando la mayoría de los aumentos firmados quedaron rezagados frente a la inflación (que acumuló en el año el 47,6%) y terminaron forzando un complejo escenario de 'paritarias permanentes', de renegociación casi mensual de los ajustes.
"En medio de la desconfianza reinante, nadie va a firmar nada sin una garantía efectiva de que no vamos a tener que volver a resignar poder adquisitivo", advierten desde la propia conducción de la CGT, donde ya auguran un complicado trámite para la negociaciones salariales que se vienen.
Las paritarias docentes ya en marcha serán un antecedente relevante. Con definición en apenas cuatro provincias y a solo 10 días del inicio del ciclo lectivo, todas las negociaciones involucran algún mecanismo concreto de actualización salarial por inflación.
En ese marco, el acuerdo sellado días atrás en la provincia de Neuquén, donde habrá elecciones para gobernador al finalizar la primera semana de clases, despertó el interés en buena parte de la dirigencia gremial: es que el entendimiento entre la gestión de Omar Gutiérrez y los representantes de los maestros evitó establecer un aumento salarial porcentual y, en cambio, fijó un esquema por el cual mes a mes los sueldos docentes se irán incrementando en la misma proporción en que se eleven los precios en ese período.
La modalidad es observada por las autoridades de otros distritos que apuestan a destrabar la discusión con los gremios y así garantizar el normal comienzo de las clases. En algunos casos se plantean replicar la metodología de ajuste mensual y en otros que la cláusula de revisión gatille cada dos o tres meses. Pero en todas las negociaciones, la necesidad de una garantía de revisión por inflación está puesta arriba de la mesa de discusión.
En el sector privado, la representación sindical de actividades vinculadas tanto a la industria como a los servicios imaginan un escenario semejante para sus respectivas discusiones partiendo de una base mínima para los aumentos de 35%.
Esa referencia dominó los intercambios entre los principales dirigentes gremiales en los últimos días: si hasta fines de diciembre buena parte de ellos deslizaba una pauta de 30% para las recomposiciones, la inflación oficial de enero sumada a una previsión del 3,8% para febrero (según las estimaciones de sus economistas de consulta habitual) forzó la revisión al alza de la aspiración salarial con la que arrancarán sus negociaciones.
Sobre esa lógica se inscriben los planes tanto del sindicato de Comercio, como de la Asociación Bancaria y de varios gremios del transporte. Tras haber actualizado su acuerdo de 2018 para culminar con una suba anual del 45%, el gremio que comanda Armando Cavalieri apuesta a introducir en el nuevo convenio una cláusula que habilite la revisión en forma automática y sin necesidad de aguardar al segundo semestre del año.
Los bancarios, a su vez, ya fijaron para el primer bimestre del año un incremento de 7% y anticiparon que discutirán desde marzo la nueva paritaria sectorial con el desafío de incluir en el acuerdo una cláusula de actualización automática del aumento según la evolución de los precios.