PATRICIA VALLI - Subeditora de Economía y Política
Con el respiro que generó el "puente de tiempo" con el Club de París, el ministro de Economía Martín Guzmán viaja esta semana a Venecia donde participará desde el jueves en la reunión de Ministros de Finanzas (y Economía) y presidentes de Bancos Centrales del Grupo de los 20 (G20) bajo la presidencia pro tempore italiana.
Guzmán viajaría acompañado el equipo que sigue las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezado por representante por el Cono Sur ante el FMI Sergio Chodos. Se espera la confirmación del presidente del Banco Central Miguel Pesce. Allí compartirán una bilateral con Kristalina Georgieva. La agenda del G20 comienza el jueves y se extiende hasta el domingo.
El Gobierno busca acordar un nuevo programa con el Fondo después de las elecciones. Ahora el acuerdo con el Club de París le pone un límite a esa negociación: tiene que ser antes de marzo de 2022, para poder renegociar la deuda con el grupo de acreedores después, que exigen que primero haya acuerdo con el Fondo.
Según las cuentas que sacan en los despachos oficiales, si hay acuerdo a principios de diciembre, se requieren después de entre 7 y 8 semanas como mínimo que incluyen el paso por el directorio y por el Congreso en extraordinarias, como prometió Guzmán. Si hay cambios en la instancia legislativa, tendrá que volver a pasar por el Fondo. El trámite llega así con cierto margen de error hasta febrero.
Sobre el contenido de la negociación, que por tratarse de un programa de facilidades extendidas (Extended Fund Facility, EFF), incluye reformas para equilibrar la balanza de pagos. En el Gobierno aseguran que se puede negociar el acuerdo sin definir el paso a paso.
Si el acuerdo se prolonga hasta las elecciones, en septiembre el Gobierno deberá cancelar un vencimiento de u$s 1.680 millones con el Fondo Monetario, que ya advirtió que no acepta pagos parciales y agregó que la Argentina "se comprometió a cumplir con sus obligaciones". Hay otro pago similar en diciembre.
El Tesoro puede hacer frente a esos pagos con los Derechos Especiales de Giro que repartirá el FMI a fines de agosto entre todos los países miembro. Se trata de una ampliación de los DEG a nivel global por u$s 650.000 millones que representan u$s 4.354 millones para la Argentina. Uno de los pedidos que renovará el ministro Guzmán en el G20 es que se reasignen los DEG de países que no los necesiten a los de ingresos bajos y medios.
La semana pasada, la vicepresidenta Cristina Fernández pidió "discutir en serio" con "propuestas y políticas" para el país de la pospandemia. También reclamó ideas a "los responsables de la deuda con el FMI" sobre cómo resolver ese pago "sin someter al hambre y al escarnio una vez más al pueblo argentino".
La agenda de Guzmán también incluye el pedido por la baja de los sobrecargos en las tasas del FMI a los créditos extraordinarios como el que alcanzaría la Argentina. Una baja en el sobrecosto podría reducir entre 200 y 300 puntos básicos el financiamiento para el país.
IMPUESTO GLOBAL A LAS MULTINACIONALES
El G20 tiene en la agenda del 9 de julio la propuesta del impuesto global para las multinacionales que acordó el G7 con una tasa del 15% y que también logró el visto bueno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la semana pasada. En la previa, Guzmán señaló que la tasa debería ser mayor, de hasta el 25%, para que no se convierta en un techo. En la votación de la OCDE, sin embargo, Argentina acompañó la propuesta con la tasa del 15%.
"El acuerdo incluye una tasa mínima global a corporaciones multinacionales de al menos el 15%, que aún estando por debajo de lo que consideramos óptimo, ayudará a fortalecer la capacidad de los Estados para implementar políticas públicas que contribuyan al progreso de las sociedades", remarcó Guzmán tras el visto bueno en la OCDE.
"De aquí a la cumbre del G-20 en octubre, hay que seguir trabajando en los detalles del acuerdo para que efectivamente sea sano para el mundo", agregó Guzmán.
El ministro recordó que Argentina puso foco en dos ejes: establecer un mecanismo de resolución de controversias que sea internacionalmente equilibrado y eficaz y, por otra parte, que el compromiso de eliminar medidas unilaterales se circunscriba únicamente a las empresas comprendidas por el acuerdo logrado, de manera de proteger la soberanía de imposición.