PATRICIA VALLI - Subeditora de Economía y Política
Llega el 31 de mayo y el Gobierno no pagará los u$s 2400 millones pendientes desde hace más de un año con el Club de París. Ahora se abre un plazo técnico de 60 días "de gracia" para completar el pago y el Gobierno confía en que los acreedores no pedirán que se declare el default o cesación de pagos.
Tras las negociaciones del presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán con sus pares de los países de mayor incidencia en el Club, el Gobierno sigue a la espera de una señal del Fondo Monetario Internacional (FMI): una "carta de recomendación" que avale el "compromiso" argentino por acordar un nuevo programa y refinanciar los u$s 45.000 millones que se firmaron en junio de 2018 bajo el gobierno de Mauricio Macri.
El optimismo para no llegar a un default trasciende el plazo de gracia: en el Gobierno aseguran que tampoco depende de los 60 días que quedan hasta fines de julio, siempre y cuando se mantengan las señales de convergencia con el FMI, con quien todavía se negocian plazos y tasas, según detalló Fernández en una entrevista por Twitch.
???? "Macri dijo que estamos negociando mal con el FMI; me metieron el problema y después me explican cómo resolverlo. La discusión con el Fondo es sobre la tasa y el plazo. Le pedimos tiempo para que el país se recupere". El presidente @alferdez con Pedro Rosemblat desde Olivos. pic.twitter.com/ytacf6QUCx
— Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) May 28, 2021
REGLAS PARTICULARES
"La negociación es política", explican en el Gobierno y aclaran que el Club de París "no funciona como otros acreedores" en comparación con los bonistas privados, que recurren a la declaración del default y hasta la aceleración de las series de bonos. En este caso, explican, se trata de negociaciones de Estado a Estado.
El programa con el Fondo es condición para renegociar la deuda con el Club de París "en la mayoría de los casos", como explicó el director del Club, Emmanuel Moulin. Sin acuerdo, la alternativa es una revisión de las cuentas públicas bajo el Artículo IV, una señal de que el país se encamina a firmar una carta de intención por un nuevo acuerdo. Hasta el momento, Gobierno y Fondo evitaron confirmar si habrá auditoría.
Pero si no hay definiciones en dos meses, el mercado que hoy confía en un acuerdo, podría inquietarse. Y el "limbo" puede afectar el financiamiento de las empresas que obtienen líneas de crédito del exterior.
El Club de París se reúne en los próximos días y podría analizar el caso argentino, tras un pedido formal de prórroga de Guzmán en abril y las giras que siguieron: la última, encabezada por el presidente, quien visitó a sus pares de Portugal, España, Francia e Italia y terminó el raid en busca de apoyos con una videoconferencia con la alemana Angela Merkel la semana pasada.
De los u$s 2.400 millones que Guzmán aplazó hasta el 5 de mayo pasado hace un año, u$s 2.100 millones corresponden a capital y el resto a intereses. Son el remanente del acuerdo por u$s 9.700 millones que firmó Axel Kicillof cuando era ministro de Economía en 2014. Si hay prórroga o waiver para el pago, Guzmán deberá negociar intereses y punitorios, que podrían generar un nuevo aumento de la deuda.
CAMPAÑA Y FUEGO AMIGO
El Gobierno aspira a un "puente" hasta que se firme el acuerdo con el Fondo, para el que Guzmán prometió además que buscaría acuerdo político y también social. El programa pasará por el Congreso, pero el contenido se mantiene en reserva. Un plan de facilidades extendidas a diez años incluye, en el manual del Fondo, reformas estructurales en el ámbito tributario pero también previsional, además de cambios en las reglas laborales: una agenda no compatible con la campaña electoral y el fuego amigo.