JUAN MANUEL COMPTE
La australiana Fortescue Future Industries (FFI) le adjudicó a la nacional Impsa la provisión de 17 mástiles e instrumentos de medición de vientos para su proyecto de producción de hidrógeno verde en Río Negro, anunciado en noviembre del año pasado.
Los mástiles, explicó Impsa, serán exclusivamente de evaluación y, con su instalación, FFI, cuyo representante en el país es el exrugbier Agustín Pichot, pondrá en marcha su emprendimiento, cuya inversión podría escalar hasta los u$s 8400 millones, según prometió la empresa.
A fines de noviembre, en Glasgow, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), Fortescue develó su proyecto en la Argentina, con el que apunta a producir 2,2 millones de toneladas de hidrógeno verde en 2030. La iniciativa contempla la instalación de tres parques eólicos, con una potencia total de 2000 megawatts (Mw), que generarán la energía necesaria para ese proceso.
Impsa informó que los mástiles que proveerá le permitirán a FFI recabar toda la información necesaria para medir la calidad y la potencia de los vientos, dos datos claves para, luego, determinar la ubicación de los parques.
FFI es una filial de la minera Fortescue Metals Group, cuarto productor de hierro del mundo. La primera etapa de su proyecto, que estará en la localidad rionegrina de Sierra Grande, prevé una inversión de u$s 1200 millones, a ejecutar entre este año y 2024. Este desembolso creará 4000 empleos. De obtener los resultados esperados en la etapa piloto, Fortescue erogará los otros u$s 7200 millones hasta 2028. En total, se espera que el emprendimiento genere 50.000 trabajos directos e indirectos.
En los mismos días en los que anunció su proyecto en la Argentina, el grupo australiano informó iniciativas similares en países como Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Jordania.
CONTRATO CLAVE
Para Impsa, es uno de los contratos más significativos que obtiene desde su estatización. A mediados del año pasado, Nación y la Provincia de Mendoza capitalizaron con el equivalente a u$s 20 millones la empresa que fundó la familia Pescarmona hace más de 100 años. El Estado nacional aportó $ 1362,9 millones (u$s 15 millones) y pasó a controlar el 63,7% de sus acciones. En tanto, Mendoza inyectó $ 454,3 millones (u$s 5 millones) y recibió el 21,2%. El resto (15,1%) permanece en manos privadas: el 9,8% está en un fideiciomiso de acreedores y otro 5,3%, en uno cuyos beneficiarios son los Pescarmona.
Fue el último tramo del proceso de salvataje al que condujo la reestructuración de su deuda financiera. Fundada en 1907 por Enrique Epaminondas Pescarmona, un turinés que había llegado a Mendoza un año antes, su nieto, Enrique Menotti Pescarmona, lideró gran parte de su expansión, hasta ser sinónimo de grandes proyectos de infraesctructura, tanto en la Argentina como en el exterior. Es la única empresa de América y una de las cuatro de Occidente con tecnología para diseñar y producir equipamiento para grandes centrales hidroeléctricas. Lleva diseñadas y fabricadas más de 200 turbinas, que hoy producen energía en 40 países.
En 2014, la empresa, que pocos años antes llegó a tener 3000 empleados, entró en default, arrastrada por un pasivo de más de u$s 1000 millones. Sus principales acreedores eran los bancos Nación, BICE, Interamericano de Desarrollo (BID), Export Development de Canadá, la Corporación Andina de Fomento y los tenedores de obligaciones negociables (ON) que emitió la compañía.
Impsa celebró un acuerdo preventivo extrajudicial (APE) en 2018. Desde entonces, sus acciones estuvieron en manos de dos fideicomisos: el 65% de los acreedores y el 35% para la familia. El Nación, además, pasó a nombrar el presidente del directorio. En agosto de 2020, la empresa solicitó la asistencia de fondos públicos -como el ATP y el Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos" (Paeerp)-, con los que pagó el 75% de sus sueldos en el primer semestre de 2021. Fue el punto inicial de los diálogos que condujeron al ingreso de Nación y Mendoza como accionistas. En noviembre de 2020, eso se materializó con un nuevo acuerdo con los acreedores, que le otorgó un plazo de gracia hasta 2025, una fuerte baja en los intereses, al 1,5%, y pagos de capital a partir de 2028.
El factor determinante de ese nuevo convenio fue el ingreso de Nación y Mendoza como accionistas. Con esos u$s 20 millones públicos a cambio del control de la empresa, Impsa, que hoy tiene 720 empleados y 100 pymes proveedoras en su ecosistema, recompone su capital de trabajo. También, quedó en condiciones de calificar para proyectos que permtieron afianzar su operación. Impsa ya trabaja en el diseño y la fabricacióin de las nuevas turbinas de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá; en los aerogeneradores del Parque Arauco (La Rioja); en los equipamientos para la Central Hidroeléctrica El Tambolar (San Juan), en los equipamientos para YPF y, además, en la fabricación del primer reactor nuclear argentino para generación de energía, el CAREM, según informó el Gobierno nacional en un comunicado.
También se presentó a la licitación para la construcción de la represa Portezuelo del Viento.
Además, prevé volver a competir en Asia, Europa, África, y América, lo que "ayudará a generar las divisas que la economía argentina necesita", destacó el comunicado difundido en ese momento.