AGUSTIN SZAFRANKO
La adopción de nuevas restricciones a la actividad por parte del Gobierno debido a la segunda ola del coronavirus genera la necesidad de asistir a los sectores más afectados, aunque la magnitud de las medidas de confinamiento es menor a las de 2020. No obstante, en parte el exiguo margen fiscal y las limitaciones de financiamiento le ponen un techo a las erogaciones que puedan hacerse y, por ende, a rigidez de las prohibiciones.
El dato fiscal de marzo, que arrojó un rojo primario de $ 74.466 millones (en total fue de $ 117.061 millones), borró las moderadas expectativas positivas que pudo haber generado el primer bimestre y empieza a materializar las proyecciones tanto oficiales como de privados de un déficit no financiero de 4,55% del PBI y un rojo total de 6% del PBI. Y más allá de su magnitud, una de las claves pasa por cómo se financiará.
Es que la meta original del Presupuesto apunta a que la emisión monetaria financiará 3,2% del producto, unos $ 1,2 billones entre adelantos transitorios y giro de utilidades, pero la cifra está condicionada al éxito que tenga la Secretaría de Finanzas en la colocación de títulos públicos, al ser la asistencia del Central el fondeo de última instancia.
Este escenario básico prevé para el año que el Tesoro obtenga financiamiento neto, es decir nuevas colocaciones de deuda adicionales a las renovaciones de los vencimientos, por $ 900.000 millones. En lo que va del año la Secretaría de Finanzas en el primer trimestre logró un financiamiento neto de poco más de $ 90.000 millones, es decir, el 10% de lo que necesita en ya un cuarto del período.
A pesar de que abril comenzó con saldo negativo, en la segunda licitación el Gobierno consiguió financiamiento neto por más de $ 123.000 millones y, sin vencimientos hasta la próxima subasta, en abril lleva acumulado un financiamiento neto positivo de casi $ 75.000 millones, aunque sigue lejos del nivel que debería tener.
Pero el Ministerio de Economía abrió la posibilidad de que la proporción de la emisión monetaria alcance 3,6% del PBI. "Si el BCRA ayuda al Tesoro por un 0,4 puntos del PBI adicionales, entonces es dinero que no tiene que salir a buscar al mercado local", explicó Pedro Siaba Serrate, de PPI. En este escenario se disminuiría la necesidad de financiamiento neto a cerca de $ 750.000 millones. Respecto a esa cifra, en el primer trimestre se colocó deuda neta por el 12%.
"No cubrir esta brecha implica elegir entre una mayor ayuda del BCRA, es decir emitir más, o disminuir el déficit fiscal con un menor gasto público que el previsto en el Presupuesto", señaló Siaba Serrate.
Por estas limitaciones, los analistas coinciden en que el Gobierno no tiene margen fiscal para una asistencia de la magnitud del año pasado que permita una nueva cerrazón de la actividad económica ante la segunda ola de coronavirus. En ese marco, el mayor impacto se vería en la caída de los ingresos a partir de una eventual depresión de la actividad más que por una expansión del gasto.
"El principal riesgo en cuanto al déficit está vinculado a la segunda ola de coronavirus. Hay que ver cómo impacta en la actividad y en consecuencia en las cifras fiscales, sobre todo en los ingresos, por el lado del gasto no veo margen para avanzar con la magnitud de asistencia del año pasado", señaló Martín Vauthier, de Eco Go.
En 2020, la pandemia y la cuarentena privaron al Fisco de embolsar cerca de $ 510.000 millones, de acuerdo con las previsiones de recaudación de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) de fines de 2019 en comparación con el dato total de 2020. Se trata de una cifra equivalente casi al 30% del déficit fiscal primario del año.
Además, la proyección de la OPC no incluía al impuesto PAIS, que terminó por captar casi $ 135.000 millones, mucho más de lo que se preveía al momento de su sanción, por lo que la brecha entre lo esperado y lo recaudado es más amplia.
En 2020, los gastos asociados al coronavirus totalizaron los $ 917.793 millones, casi el total de las partidas autorizadas, según datos de la OPC. Las principales erogaciones se destinaron al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), por $ 262.281 millones, y a asistir al pago de salarios de las empresas afectadas con el Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP), por $ 226.281 millones.
Los fondos de garantías para avalar préstamos blandos de los bancos a las pymes, como el Fogar y el Fondep, insumieron $ 126.261 millones, mientras que los aportes del Tesoro Nacional rondaron los $ 65.731 millones y la asistencia financiera a las provincias, $ 54.011 millones. En tanto, las políticas alimentarias y los gastos del Ministerio de Salud y organismos dependientes comprometieron $ 38.077 millones y $ 32.893 millones, respectivamente.
En contraste, en el primer trimestre del año las medidas fiscales asociadas al coronavirus alcanzaron apenas los $ 58.032 millones, sin haber IFE ni una asistencia salarial extendida, ambos programas instrumentados en un contexto de cuarentena mucho más dura que las restricciones actuales.
De hecho, las principales erogaciones en lo que va del año fueron para la adquisición y traslados de vacunas, por $ 14.148 millones, mientras que el programa de asistencia más importante es el Repro II, que alcanzó los $ 14.012 millones. El salario complementario, en un ATP mucho más cerrado, acumuló $ 10.296 millones, mientras que los fondos de garantía totalizan $ 13.616 millones.