Ante un escenario crítico para la gran mayoría de los sectores industriales, con la actividad que cayó en agosto por cuarto mes consecutivo en términos interanuales y que acumula en el año una contracción de 0,8%, la Unión Industrial (UIA) negocia en el Congreso un paquete de medidas que podrían suavizar los efectos que la actual coyuntura, con baja actividad y altas tasas, están generando en la producción manufacturera.
En concreto, se trata de propuestas de modificación del proyecto de Presupuesto 2019 para que el objetivo no sólo sea eficientizar el gasto, sino priorizar la producción y el empleo, que generarán a la larga mayor recaudación.
El titular de la central fabril, Miguel Acevedo, y parte de su equipo de economistas le presentaron el documento días atrás al presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y legislador del PRO, Luciano Laspina, y también llegó a manos del presidente de la comisión de Industria, José Ignacio de Mendiguren, quien es diputado por el Frente Renovador (FR) e integra la junta directiva de la UIA.
El mensaje que les llegó a los industriales desde el oficialismo es que es necesario aprobar el Presupuesto cuanto antes y que algunas discusiones no serán abiertas por parte de ellos, como por ejemplo cambios al esquema de retenciones que sugiere la entidad.
Lo acusa de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El caso recayó en el juzgado de María Servini de Cubría.
"Entendiendo la necesidad de eficientizar el gasto por la coyuntura, aquellos recortes que se están haciendo no deberían perder de vista la necesidad de privilegiar la producción de transables, tratando de generar exportación y empleo", aseguró el director de Departamentos Técnicos de la UIA, Gabriel Vienni.
El documento elevado por los industriales a los legisladores contiene diferentes propuestas para modificar o mantener beneficios tributarios contemplados en la reforma tributaria. Los cambios sugeridos en la iniciativa industrial pueden sintetizarse en:
Impuesto a los Ingresos Brutos. El pedido es que se cumpla con el Consenso Fiscal acordado con las provincias y que se mantenga el cronograma de reducción de las alícuotas previsto hasta alcanzar la exención para el sector industrial en 2022. Además, la central fabril propuso "ajustar mecanismos de retención y agilizar la devolución de saldos". Al respecto, agregó que de acuerdo con un relevamiento realizado entre 50 empresas socias de la UIA, el resultado fue que a julio había un saldo a favor por retenciones de IIBB de $ 3678 millones, que en ese momento representaba u$s 133 millones, y hoy son u$s 92 millones (baja de 31%).
Derechos de exportación. La propuesta es modificar el decreto 793/2018 para reducir los derechos en función del valor agregado; restituir un diferencial previo al interior del complejo oleaginoso; y compensar la menor recaudación que estos cambios implicarían con un aumento en la tasa estadística de las importaciones. Según la entidad, con un aumento de la tasa del 0,5% actual al 2%, "se podría financiar cualquiera de los cuatro escenarios propuestos por la UIA". El escenario más auspicioso para la entidad tendría un costo fiscal de $ 66.873 millones, mientras que el segundo, $ 58.120 millones.
La central fabril también reclama "calzar el pago de retenciones con el cobro de los reintegros" y que se neteen automáticamente, así como que den un plazo de 120 días para pagar las retenciones. Sobre este punto, el Gobierno decidió días atrás permitirle a las pymes que hayan exportado el año anterior hasta u$s 20 millones poder saldar los derechos en 60 días.
Ajuste por inflación. El objetivo de máxima es lograr el ajuste por inflación de los balances de las empresas, aunque sea de modo parcial con algún tope, pero como saben que tendría un altísimo costo fiscal ($ 80.000 millones), piden al menos que se posibilite el revalúo fiscal sin pago de alícuota. Actualmente, oscila entre el 5 y 15%.
Contribuciones a la seguridad social. La propuesta, en este caso, es postergar la baja en estas contribuciones prevista en la reforma tributaria (para los no transables); mantener el cronograma de suba de alícuotas para el resto de los sectores (incluida la industria); mantener el mínimo no imponible para todos y restablecer los beneficios regionales previstos en el decreto 814/01.
"Apuntamos a que se revisen los aspectos de la reforma cuya postergación permitan financiar el mantenimiento de los beneficios regionales del decreto 814", dijeron en la UIA. Este decreto le permite a las empresas del interior compensar parte de las contribuciones con el IVA, pero estos beneficios tienden a desaparecer, según la reforma tributaria. Y el proyecto de Presupuesto sostiene esta eliminación, por lo que para una empresa que tenía el beneficio del 814, el resultado final hoy es negativo.
El plan de los industriales remarca que con la recaudación adicional que se obtendría podría "ampliarse el presupuesto para los REPRO y simplificar mecanismos", avanzar en una baja mayor de las contribuciones para las pymes y trabajar en una nueva Ley Pyme 2.0.
Impuesto al cheque. Los industriales propusieron, de mínima, "mantener los beneficios previstos en la Reforma Tributaria"; y de máxima, permitir que pueda tomarse a cuenta de otros tributos.
El documento entregado a los legisladores también da cuenta de la necesidad de ampliar el monto que se destinará al fomento del desarrollo tecnológico de las empresas y remarca que los montos asignados al régimen de crédito fiscal para los establecimientos industriales que tengan organizados cursos de educación técnica tendrán, según el Presupuesto 2019, una reducción en términos reales del 22,6%.
Los industriales no tienen demasiada expectativa en poder lograr avanzar con estas propuestas debido al actual contexto y al objetivo que se fijó el Gobierno de alcanzar el déficit primario 0 en 2019 para comenzar a reducir la inflación. Tampoco es de interés de la UIA entorpercer la salida del Presupuesto en el actual contexto. Sin embargo, las cartas están jugadas.