La calificadora de riesgo de Moody's aseguró que la perspectiva crediticia para los gobiernos de América Latina y el Caribe en 2021 es negativa, al advertir un incremento de las presiones sociales y una reducción del margen fiscal de las administraciones regionales pese a la reactivación económica.
En un nuevo informe regional, Moody's analizó cómo, a pesar de la perspectiva de crecimiento que apunta a una reactivación económica en 2021, las crecientes presiones sociales dificultarán la capacidad de los gobiernos de restaurar el espacio fiscal perdido, lo cual ejercerá presión en la calidad crediticia.
“En 2021, muchas economías de América Latina experimentarán una recuperación del crecimiento, beneficiándose de efectos base favorables tras la contracción sin precedentes generada por el coronavirus en 2020, la peor desde la Gran Depresión”, afirmó Jaime Reusche, vicepresidente de Moody's.
Como resultado de "la flexibilización de las medidas de confinamiento y del apoyo en materia de políticas públicas por parte de los bancos centrales y los gobiernos, la reactivación económica que comenzó en el segundo semestre de 2020 continuará".
Así, "muchas economías de la región crecerán más del 3%, pero el PIB permanecerá por debajo de los niveles previos a la pandemia tras una contracción de más del 5% en 2020”.
En 2021, los déficits fiscales en América Latina "se reducirán a medida que los gobiernos empiecen a retirar gradualmente algunas de las medidas adoptadas para combatir los efectos económicos de la pandemia".
"Los ingresos de los gobiernos se verán favorecidos por un impulso cíclico a medida que la actividad económica se recupere, aunque la recaudación fiscal se mantendrá por debajo de los niveles prepandémicos", indica.
No obstante, "pese a la reducción de los déficits, los indicadores de deuda seguirán aumentando, lo cual ejercerá mayor presión sobre los perfiles de crédito de los soberanos".
"El choque macroeconómico provocado por la pandemia aumentó el índice de pobreza y la desigualdad de los ingresos, lo que invirtió el progreso social alcanzado en años anteriores, por lo que es probable que esto lleve a la necesidad de ampliar las redes de protección social y aumentar el gasto público en toda la región", anticipó.
En consecuencia, para la calificadora "las demandas sociales tendrán un impacto en los balances fiscales y aumentarán la probabilidad de que los políticos se sientan tentados a favorecer las políticas populistas, lo cual comprometería la prudencia fiscal".