Sin márgenes fiscales ni electorales para volver a una cuarentena estricta, el Gobierno descarta por el momento imponer restricciones a la circulación que impacten en el aparato productivo y, por consiguiente, no habrá más fondos para sostener a las empresas en crisis, pese a las constantes demandas que llegan a despachos oficiales desde el sector privado.
Tras reunirse virtualmente el pasado jueves con los gobernadores, el presidente Alberto Fernández instruyó a los ministros de Seguridad, Sabina Frederic; Transporte, Mario Meoni, e Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, a consensuar medidas con las 16 provincias con pasos limítrofes, donde comenzarán a regir mayores controles para el ingreso y egreso de gente, particularmente desde y hacia Brasil, Paraguay y Bolivia, según pactaron este lunes.
Entretanto, en los ministerios económicos descartaron la posibilidad de reinstaurar el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), concluido en diciembre pasado, o ampliar los alcances del Programa de Recuperación Productiva (o Repro II), actualmente vigente y mediante el cual se distribuyen $ 9000, $ 12.000 o $ 18.000 por trabajador registrado en empresas de sectores que vieron afectada su facturación por las restricciones vigentes desde hace un año. La mayor parte se va en financiar el pago de la nómina a empresas de salud, turismo, gastronomía y entretenimiento, y supone una erogación mensual estimada en $ 4500 millones.
Lo que queda claro es que una circulación menguada tendrá indefectiblemente impacto económico, sobre todo en sectores comerciales. La ampliación del paquete de asistencia fue reclamada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) en una reunión con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y la viceministra coordinadora, Cecilia Todesca.
Los representantes empresariales pidieron que el programa sea corregido para no dejar fuera a firmas que tuvieron mínimos repuntes en la facturación pero que, a la luz de la devaluación de sus ingresos en pesos, no lograron estabilizar sus cuentas. Cafiero y Todesca evitaron respuestas concretas al respecto.
La semana pasada, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dejó entrever la lógica con la que prevé esperar el Gobierno, y esta es la de "actuar de forma distinta al 2020" y ejecutar "cierres focalizados" en casos de ver un alza significativa en los contagios.
Como lo dicta el Presupuesto 2021 defendido a capa y espada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, el Gobierno sigue atado a la conjetura de que la pandemia cederá -pese a la demora en adquirir y aplicar las vacunas- y, por lo tanto, no serán necesario refuerzos que pongan en jaque las metas de ajustar el déficit fiscal.