El primer gran test que Hernán Lacunza debía pasar en su nuevo cargo como ministro de Hacienda era la licitación de letras de corto plazo. Con un riesgo país desde el martes arriba de los 2000 puntos básicos, el test se hizo cuesta arriba: la renovación, que venía con promedio de 88%, terminó desierta.
Desde las elecciones PASO, Hacienda y el BCRA venían evaluando alternativas. Y se intensificó tras la licitación previa en la que descartaron emitir una Lete a más largo plazo. Ahora, con la operación en marcha, más la escalada de la incertidumbre, esa posibilidad no era suficiente.
Y con la intención de disponer de mayores recursos de las reservas internacionales para intervenir en el mercado de cambios y frenar la suba del dólar (que ayer trepó a $ 60), Lacunza anunció ayer un "reperfilamiento" de la deuda de corto y mediano plazo, y el inicio de negociaciones con el FMI para reprogramar vencimientos del stand-by.
Rodeado de sus secretarios Milagros Gismondi, Sebastián Katz, Rodrigo Pena y Santiago Bausili, el ministro lanzó "cuatro iniciativas tendientes a aliviar" el esquema de financiamiento para los próximos meses.
Mediante la reformulación del programa monetario se patea para adelante deuda por unos u$s 105.000 millones. El cálculo surge de lo que resta de vencimientos de Letes, Lecap y Lelink, en total por unos u$s 13.000 millones (aunque a las personas físicas no se aplica la modalidad anunciada ayer), unos u$s 30.000 millones de bonos bajo legislación extranjera, unos u$s 20.000 millones en tenedores de títulos bajo legislación local y u$s 44.500 con el FMI.
"La foto que se toma es al 31 de julio para evitar los pases de manos especulativos de las últimas semanas", dijo una fuente de Hacienda.
El programa financiero de lo que resta del año se financiará con recursos del sector público, la posición de caja y los desembolsos que se esperan aún del FMI, según detallaron ante la pregunta de El Cronista.
Se buscará, por un lado, extender el vencimiento de la deuda de corto plazo para inversores institucionales y no para personas humanas, que cobrarán la totalidad de sus acreencias en tiempo y forma. Sobre esos inversores a los que les extenderán los vencimientos entre 3 y 6 meses, Lacunza dijo que son alrededor del 10% y que también cobrarán sin quita.
En segundo lugar, se va a elevar enviar un proyecto de ley al Congreso para "despejar las exigencias financieras del 2020-2023, y que el mandatario que gane en las próximas elecciones pueda desplegar sus políticas económicas y sociales sin excesivos condicionantes financieros", dijo Lacunza ayer. "Decidimos elevar a la consideración del Congreso un proyecto de ley que promueva un canje voluntario de deuda bajo jurisdicción local", agregó.
También se inicia un proceso de extensión de plazos de títulos legislación extranjera, para lo que convocarán a bancos para que presenten propuestas, sin quita de capital ni de intereses.
Antes de pasar al detalle concreto de las medidas, el titular del Ministerio de Hacienda realizó una significativa introducción, leída, en donde fue notoria la preocupación por la gobernabilidad y la continuidad del presidente Mauricio Macri en el poder y que, además, tradujo en gran medida el desánimo que recorre al Gobierno.
Lacunza recordó, por ejemplo, que hace 91 años que un gobierno no peronista no logra concluir su mandato y que eso era “un fracaso colectivo”, al tiempo que advirtió que, si el actual mandatario no es reelecto, la posibilidad de que concluya su mandato el 10 de diciembre iba a ser mérito “tanto del presidente saliente como del entrante”.
"Todas las organizaciones políticas queremos ganar las elecciones, pero eso no debe ser a costa de la tranquilidad de los argentinos", dijo en su introducción el funcionario, en un tiro por elevación a la oposición que, aunque no la mencionó explícitamente, dejó su postura en línea con las declaraciones del Gobierno que apuntaron al Frente de Todos como responsable del corte abrupto de ese breve período de estabilidad que siguió a las turbulencias post PASO.
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