Esta mañana se oficializó una de las pocas medidas que anunció Silvina Batakis desde que asumió como ministra de Economía: la prohibición de contratar nuevos empleados en el Estado hasta diciembre de 2023.
Unas 60.000 personas que trabajan en el Estado nacional se alarmaron con el anuncio de la medida que busca achicar el déficit fiscal. Es que se encuentran en una situación de precariedad frente a su empleador. Ya sea porque tienen contratos temporarios, son monotributistas o tienen contrato de locación.
"La variedad es grande", dijo el Secretario General de ATE y Adjunto de la CTA Autónoma Hugo "Cachorro" Godoy a El Cronista, al describir la situación laboral de esos empleados públicos.
Aunque destacó que, de ese universo, buena parte quedó resguardada a partir de las excepciones que se incluyeron en el decreto 426/2022 publicado este viernes en el Boletín Oficial. Por un lado, el texto deja en claro que "el cepo" no alcanzaría a aquellos contratados que están en proceso de concurso para pasar a planta permanente. De acuerdo a los cálculos de Godoy, serían unas 30.000 las personas que se encuentran en esa situación.
Aun así, el dirigente de ATE aseguró que le están exigiendo al Gobierno que acelere el pase a planta permanente de esas personas que llevan más de una década trabajando para el Estado. De acuerdo a las cifras que arrojó, desde que el Frente de Todos es Gobierno, apenas se incorporó a unas 4500 personas cuando, por año, deberían haber pasado 10.000.
De los 30.000 empleados restantes, hay una parte que también quedó exceptuada del decreto. Se trata de aquellos empleados públicos cuyo contrato vence antes del 31 de diciembre de este año. En esos casos, quedó garantizada su continuidad; el texto habilita la prórroga de sus contratos. Desde ATE no tienen el detalle de cuántos trabajadores se encuentran en esta situación.
Más allá de que el referente gremial destacó que lograron incorporar estos tres ítems, a los que consideró "positivos", señaló que la medida es "de ajuste". Además de que se convierte en un mensaje para condicionar a los Estados provinciales y municipales.