La creación de un Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre) que obliga a las grandes empresas a informarle mensual y sistemáticamente al Gobierno precios, cantidades vendidas, producidas y stock, sorprendió y volvió a tensionar la relación con el sector privado que, luego de sucesivas reuniones sectoriales por el acuerdo de precios y salarios con el Ministerio de Desarrollo Productivo, consideraba que mantenía un buen diálogo.
La falta de aviso previo en medio de los diálogos habituales cayó mal en las principales firmas. "Es una nueva carga burocrática que se suma a los más de 160 impuestos que la industria federal de la alimentación tiene", explicó a El Cronista Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de la Industrias de Productos Alimenticios (Copal), y agregó: "No creemos que sea conducente, es innecesario porque para fines estadísticos ya tienen las información que necesitan y para políticas de control existe la Ley de Lealtad comercial, la Ley de Defensa a la competencia y la de Defensa al consumidor".
El nuevo requerimiento del Gobierno, que impactará sobre 1000 firmas de los sectores de alimentos, materiales de construcción, químicos, electrónicos y muebles, tiene como objetivo evitar desabastecimiento y picos de aumentos de los insumos.
Sobre eso, Funes de Rioja remarcó: "la posibilidad de trabajar sector por sector ya la tienen, no hace falta un Sipre" y detalló que hace más de un año participan de programas como Precios Máximos y Precios Cuidados que provocaron que sus costos estén por encima de los precios, pero aun así "respetamos todas las consignas del Gobierno y los márgenes, más allá de los aumentos de insumos".
Desde el sector empresario aceitero, Gustavo Idigoras, presidente de la Cámara argentina que los agrupa, dijo a este diario: "Nosotros venimos reportando mensualmente, empresa por empresa, un excel con canales de entrega, precios volúmenes. Esperamos que el Sipre sea el reflejo de esta información que nos piden desde febrero con lo cual para nosotros no debería implicar un esfuerzo adicional".
Para otros empresarios, se suma a una larga lista de planteos ante el Gobierno, como la necesidad de eliminar los Precios Máximos para poder trasladar parte de los costos, iniciativas como la ley de góndolas o la de teletrabajo, debates frenados por el lobby empresarial como el etiquetado frontal y las restricciones de acceso a dólares, con demoras para obtener licencias de importación, además de otros puntos que marcan desde entidades como el Foro de Convergencia o la UIA como la prohibición de despidos y la doble indemnización.
En otras entidades, apuntaron al aumento de la presión impositiva. A través de un comunicado, Confederaciones Rurales (CRA) cuestionó las subas del gasoil y los impuestos a los combustibles líquidos. "Aumentan la presión fiscal recaudada con cada carga y es que, en algunos casos, el 47% de lo pagado en la factura de combustible son impuestos".
Según fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo, no debería representar una complicación ya que la carga de la información "será fácil a través de un canal digital". "Lo enfocamos a las grandes empresas dado que es información que tienen en sus sistemas operativos, y no a pymes que podría representar un costo". En los próximos días saldrá una Disposición con el manual de cómo realizar las presentaciones y mayor detalles sobre los sectores obligados a hacerlo.
"La cuestión a analizar no es el SIPRE (sistema de monitoreo de precios y stock) en sí mismo sino las trabas que existen para la generación de negocios", planteó el economista Walter Morales de Wise. "Por un lado, hay dificultades para conseguir partes y piezas importadas de no fabricación local. Por otro, se está analizando un posible aumento de Impuesto a la Ganancias del 35% y no se está contemplando la eliminación del 7% que se paga sobre distribución de dividendos, con lo cual ganancia efectiva pasa a ser el 40%", agregó sobre el nuevo sistema para empresas. En el Gobierno, en tanto, sostienen que el nivel de presión impositiva ronda el 25%, que está en línea con los países de similar desarrollo.
"Desconocemos qué alcances pueda llegar a tener el sistema de información pero podría repercutir en un desaliento de las inversiones y no permitiría atacar el problema del desempleo y la pobreza", remarcó Morales. En ese sentido, voceros de las firmas extranjeras con desembolsos en el país plantearon un escenario similar, con cuestionamientos a "las restricciones cambiarias, la administración comercial y la inconsistencia política".