El salto de la inflación tras la incertidumbre que sucedió a la renuncia de Martín Guzmán, las restricciones a las importaciones al cierre de junio y el impacto en el dólar paralelo y los financieros elevan los pronósticos para el IPC de julio hasta el 7% según las estimaciones privadas.
"Se encamina a ser la inflación más alta del año" y el "mayor crawling peg para reducir la apreciación del peso en un contexto de falta de dólares", elevará la inercia en los próximos meses, detallan los economistas de Ecolatina. Así, según revela la Encuesta Macroeconómica de El Cronista (EMEC), las estimaciones de inflación ya orillan el 85% para este año.
Para la consultora LCG, "la inflación empezará a incomodar tanto al público como al oficialismo en su conjunto. Acelerar el ritmo de devaluación del peso, dejar de atrasar tarifas, la brecha por encima del 100% y la necesaria actualización salarial, ponen presión a una inflación que ya lleva acumulado un 4% en apenas 2 semanas para el mes de julio". A eso le suman que se resentirá la actividad económica por la restricción de divisas y la presión para sostener el equilibrio fiscal.
"La alta inflación, que reduce los salarios reales, amenaza con provocar una caída del consumo y pesar sobre la actividad económica en América Latina, afectando desproporcionadamente a los hogares de bajos ingresos, y con riesgo de provocar un descontento social", advirtió también de forma general para la región Moody's, aunque Argentina no escapa al cuadro.
Reapertura de paritarias
En ese contexto y con la mayor presencia de reclamos en la calle, además de la promesa de una marcha de la CGT contra un concepto como la inflación en un mes, durante este tercer trimestre comenzará la reapertura de paritarias ante la erosión del salario real -en el sector registrado-. Para los economistas de la consultora fundada por Roberto Lavagna, el oficialismo apuntará a mantener la economía en movimiento, aunque genere problemas de oferta por acceder a insumos importados y se retroalimente la inflación.
"Los jubilados y perceptores de asignaciones y programas sociales no tendrán perspectivas tan alentadoras. Los ajustes por movilidad correrán de atrás a la inflación y cerrarán el año registrando una pérdida real, aun con la existencia de bonos como compensación", advierten los analistas de Ecolatina.
En ese punto, el acuerdo con el FMI condiciona el margen para realizar políticas de ingreso por la meta del 2,5%/PBI aunque el Fondo se muestra permeable a asistir a los sectores más vulnerables. Ya lo dice el programa: las políticas tienen que ser focalizadas.
Desigualdad laboral
Esa restricción profundizará la desigualdad en el mercado laboral. "La dinámica de las paritarias provocó que la sorpresa inflacionaria -y su muy lenta desaceleración tras el pico de marzo- no haya sido tan nociva para los trabajadores formales", detalló Ecolatina. Eso permitió sostener el consumo privado en el primer semestre, con 8,7% interanual, más de 2 puntos porcentuales por encima del PBI.
Pero las asignaciones, jubilaciones y salarios informales muestran que la recuperación del poder adquisitivo fue "mucho menos intensa, dado que los aumentos de la fórmula de movilidad -que dependen de los salarios y parte de la recaudación nominal pasada- reaccionan con un rezago a la inflación", detallaron los economistas.
Para los informales "se observa en cambio un deterioro constante del ingreso real, producto de la ausencia de un mecanismo que lo sostenga ante el avance de los precios". El Gobierno entregó un refuerzo de Anses a modo de lo que fue el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en la pandemia, extensivo también a jubilados.
El bono, de $ 18.000, se realizó en dos pagos mensuales y tuvo un costo fiscal de $ 200.000 millones. Con la aceleración de julio, Silvina Batakis podría verse obligada a repetirlo, mientras se descarta el ingreso básico universal que reclaman las organizaciones sociales.
El Gobierno avanzaría con paritarias que busquen seguir la inflación y evitar que se frene el consumo privado, aunque se prevé una desaceleración de la actividad en esta mitad del año.
Un escenario "expansivo de la política fiscal tensionaría la relación con el FMI" y podría llevar la nominalidad a los tres dígitos, exacerbaría fuertemente las presiones cambiarias y conduciría a una recesión", advierten los economistas aunque reconocen que el Gobierno evitaría esta alternativa.