La Cámara de Senadores aprobó hoy la validez del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández que establece que los llamados Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones son “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia”.
El Decreto fue respaldado por el bloque del Frente de Todos y sus aliados, en tanto que el interbloque de Juntos por el Cambio votó en contra, así como los representantes del Interbloque Parlamentario Federal.
A partir de su aprobación en el Senado, el instrumento quedará vigente ya que la legislación establece que los DNU deben ser rechazados por ambas Cámaras del Congreso para concretar su eventual derogación.
El expediente fue emitido el 21 de agosto de 2020 por el Poder Ejecutivo y rápidamente fue dictaminado en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.
Durante el cierre de la sesión, el jefe de la bancada oficialista, José Mayans, cuestionó en duros términos las críticas que hizo la oposición al decreto.
“Nosotros marcamos las pautas. El otro gobierno fracasó en todas las políticas públicas. Y ahora vienen a decirnos lo que tenemos que hacer. Déjennos gobernar. Nosotros vamos a marcar las prioridades del gobierno”, enfatizó.
Mayans también defendió el decreto sobre TIC argumentando que lo que se busca "es que las prestatarias de servicios sólo deban fijar precios justos y razonables”.
“El Presidente está diciendo: ganen un poquito menos. ¡Esta gente quiere ganar en dólares!”, advirtió en referencia a las empresas involucradas.
El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, el radical formoseño Luis Naidenoff, justificó la negativa de la oposición a acompañar el DNU argumentando que “tiene enormes irregularidades” porque “fue dictado apenas un día antes de la convocatoria a la reunión de la Bicameral” y “no fue elevado a los legisladores”.
Por otro lado, también cuestionó que algunos discursos del oficialismo hablaban de “estructuras concentradas de poder” pero recordó “la fusión Cablevisión-Multicanal” facilitada el 7 de diciembre de 2007, durante el gobierno de Néstor Kirchner.
“Ustedes consolidaron a una empresa que era la mitad del mercado del cable”, sostuvo Naidenoff.
La oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti, en tanto, afirmó que “este DNU no intenta sacarle las ganancias a nadie, sino que todos tengan el acceso a un derecho humano”.
Además, dijo que el gobierno de Mauricio Macri derogó parte de la Ley de Tecnologías de la Información votada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como modo de “pagar el favor” de los medios que “le hicieron la campaña”.
“Esta es una decisión política que señala a quién representa cada uno. Está claro a quién representa la oposición y a quién el oficialismo”, sentenció.
Previamente, el porteño Martín Lousteau había dicho que Juntos por el Cambio estaba de acuerdo con el "congelamiento” de tarifas luego de “seis meses de cuarentena”, pero sostuvo que “este DNU genera incertidumbre y discrecionalidad” y que “atenta contra las inversiones que necesitamos”.
Además, criticó la declaración de “servicio público” para el uso de internet al recordar que “el 44 por ciento de los hogares argentinos o no tiene agua de red o no tiene cloacas o no tiene gas y esos también son servicios públicos”.
El oficialista neuquino Oscar Parrilli tomó el guante y remarcó que “dentro de unos años tener internet va a ser tan importante como tener agua potable en una vivienda”.
“Con este DNU se está reconociendo un derecho público que se reconoce en el mundo entero”, insistió.
Además, los legisladores también resolvieron la validez de otros Decretos de Necesidad y Urgencia, como el DNU 636/20 que dejó sin efecto su similar 522/20 que había dispuesto, el 9 de junio pasado, la intervención transitoria de la empresa Vicentin.
Ese documento fue el único que respaldó la oposición y fue defendido por la peronista santafecina María de los Ángeles Sacnun argumentando que los dueños de la cerealera “convirtieron a Vicentin en una cáscara vacía, violentando los derechos de los acreedores y del Banco de la Nación Argentina”.
Por otro lado, el Senado también remarcó la validez del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 157 del 14 de febrero de 2020, mediante el cual se crea la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación actuante dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación.
Otros DNU que fueron validados esta madrugada: el 582 del 6 de julio del 2020, mediante el cual se aprueba el modelo de Enmienda Nº 1 al Suplemento de Prospecto del 21 de abril de 2020 para la oferta de canje de deuda soberana sujeta a ley extranjera; y el 634 del 29 de julio del 2020 por el cual se prorroga hasta el 31 de agosto el plazo de acogimiento al Régimen de Regularización de Deudas establecido en el último párrafo del artículo 8 de la Ley Nº 27.541.
Finalmente, se aprobó la validez del DNU 643 del 4 de agosto de 2020 del Poder Ejecutivo, que modifica el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 146/2017 sobre el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única (Pro.Cre.Ar).
Al comienzo de la jornada
En una nueva sesión mixta, el bloque oficialista de la cámara que preside la vicepresidenta Cristina Kirchner resolvió avanzar en soledad, con la ratificación del DNU 690 del Ejecutivo que declara "servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia" a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga, al tiempo que ordena suspender cualquier aumento de precios hasta el 31 de diciembre.
Entre los argumentos del DNU, que el Presidente dio a conocer vía Twitter semanas atrás, se remarcó la necesidad de contar con instrumentos que garanticen el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) a todos los habitantes. Además, el decreto establece la creación de planes accesibles e inclusivos que garanticen una prestación básica universal obligatoria.
El otro DNU de relevancia que el oficialismo se aprestaba a dejar firme, también sin el acompañamiento de JxC, es el que derogó el mismo instrumento que se había utilizado para impulsar la intervención transitoria de la agroexportadora santafesina Vicentin.
Al promover este DNU, el oficialismo había hecho alusión a las "medidas de obstrucción" por parte de los accionistas y del juez de la causa que, según argumentaron, "no permitieron que la intervención se pueda llevar con la normalidad que establece el decreto".
Con la ratificación de solo una de las cámaras del Congreso (o si el decreto no es rechazado por ambas) es suficiente para convalidar cualquier DNU. Por este motivo, este tipo de instrumentos suelen ser abordados por la Cámara alta, donde el oficialismo cuenta con una abultada mayoría.
En tanto, de manera unánime, fue aprobado el proyecto para que 24 ciudades sean consideradas capitales alternas. En ellas, se celebrarán reuniones entre funcionarios nacionales, autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil.
Tras el voto afirmativo de los 69 senadores presentes en el recinto, el texto que busca darle una impronta más federal a la gestión nacional y que establece que 30 días el Presidente y su gabinete se reunirán en el interior del país, quedó listo para ser tratado en Diputados.
En la previa al debate de las leyes, la senadora del PRO Laura Rodríguez Machado hizo alusión a la última sesión, en la que recibió media sanción la reforma judicial, y le reprochó a CFK la dinámica que cobró el debate, además de cuestionarle que haya comparado al Senado con un gallinero.