Mientras los empresarios se quejan por el cepo a las importaciones, las restricciones y la burocracia para operar en comercio internacional desde la Argentina, el Gobierno avanza en la investigación de maniobras fraudulentas que serán denunciadas tanto en la justicia local como internacional para que se investigue el lavado de activos.
Como parte de la estrategia para lograr superávit comercial y fortalecer las reservas del Banco Central, dos de las principales medidas que anunció este miércoles Sergio Massa, luego de jurar como Ministro de Economía, esta semana, la Dirección General de Aduanas (DGA), comenzó a cursar intimaciones. El Gobierno espera un desaliento de importaciones que revierta el déficit comercial de junio y julio en agosto.
En paralelo, desde la Inspección General de Justicia (IGJ) anticiparon a El Cronista que trabajan puntualmente en el caso que involucra a las firmas Tropea y Yoko por "alquiler" de cautelares para poder importar.
El organismo detectó que se trata de "firmas fantasmas con cero pesos de capital y domicilio irreal", por eso, pedirá la nulidad de la sociedades para que se pueda investigar a los socios detrás del nombre de fantasía ya que son quienes pueden responder frente a las multas que se determinen.
Massa apuntó a la detección de "situaciones de abuso" por parte de empresas mediante mecanismos de triangulación con subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones para más de 700 empresas que podrán acceder a un registro por 60 días para que rectifiquen su posición frente a la Aduana. Luego se avanzará en denuncias ante la justicia argentina pero también en la Unidad Antilavado de los Estados Unidos para que se investigue lavado de dinero.
Saltar barreras
Si bien los mecanismos que se denuncian no son novedosos en la dinámica del comercio internacional, según reconocen desde la Aduana "se potencian" en tiempos de disparidad en el tipo de cambio.
"Al ser más amplia la brecha cambiaria, es mayor la ganancia para el que desarrolla este tipo de maniobra, tanto la sobrefacturación de importaciones para hacerse de dólares en el país al tipo de cambio oficial y luego cambiarlo en el exterior al dólar financiero, como la subfacturación de exportaciones donde se ahueca la base imponible en Argentina para dejar los dólares en el exterior", explicó Guillermo Michel, titular de la Dirección General de Aduanas (DGA).
En ese sentido, Michel aclaró que la triangulación en sí no es irregular, ya que es habitual en el comercio exterior que el origen de la mercadería no necesariamente coincida con el del país desde donde se emite la factura. Sin embargo, lo que denuncia la Aduana son operaciones de triangulación donde la mercadería viene de un país, la factura de otra jurisdicción, pero sobrefacturada; "es decir -agregó-, a un precio superior a lo que vale la mercadería sin haber existido agregado de valor".
Para despejar la sutil diferencia que descula la maniobra irregular contó sobre un caso detectado recientemente con máquinas para minería de bitcoin que llegan desde China. "Se facturan desde una empresa de Estados Unidos pero el valor de la factura de la empresa americana es superior al valor de origen de la mercadería que salió de China", dijo y marcó que "si no hay un valor agregado o un proceso productivo adicional, no hay justificativo, más allá del transporte, para que tenga un valor de sobrefacturación sustancial".
El organismo que depende de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ya detectó un primer universo de 13.640 operaciones que involucran a 722 empresas, por alrededor de u$s 1.250 millones de valor FOB.
Algunos casos, como la simulación de ingreso de plaquetas de video que no eran más que trozos de aluminio, que permitió recuperar de 1,5 millones de dólares, fueron denunciados a la Justicia local, y se logró la suspensión del CUIT de la empresa por decisión de la jueza interviniente.
"Como la factura se pretendió hacer a través de un banco americano, estamos estableciendo ponerla a disposición de la Unidad Antilavado americana para que avance con la investigación en la Justicia de Estados Unidos", añadió. A los casos mencionados se suma el que ya denunció la Aduana y debe demostrar que el insumo a importar es determinante en su capacidad de producción.
"Estamos poniendo en conocimiento al juez que tenga en cuenta esta situación, porque en muchos casos fue engañado, eso está previsto penalmente como , la empresa dijo una cosa y después hizo otra", alertó Michel.
A los casos mencionados se suma el "alquiler" de cautelares que ya denunció la Aduana. Cuando una empresa recurre a la Justicia, para obtener una cautelar, tiene que acreditar el peligro en la demora -debe demostrar que el insumo a importar es determinante en su capacidad de producción- sin embargo, fuentes oficiales confirman que se ha detectado mercadería que se importó con este mecanismo un año atrás y se encuentra en stock.
"Estamos poniendo en conocimiento al juez que tenga en cuenta esta situación, porque en muchos casos fue engañado, eso está previsto penalmente como estafa procesal, la empresa dijo una cosa y después hizo otra", alertó Michel y destacó que, además de evitar la fuga de dólares en operaciones fraudulentas, el organismo pretende "generar una percepción de riesgo para la conducta futura".
Aduana, DGI y seguridad social
En combinación, organismos que responden a la AFIP iniciaron operativos de fiscalización a empresas que están realizando operaciones de comercio exterior con "inconsistencias en su capacidad económica-financiera", y que "recurrieron a la vía judicial para importar mercaderías, sorteando de esta forma los controles establecidos por el organismo", informaron fuentes oficiales.
Los operativos de fiscalización se realizan de manera conjunta y simultánea entre la Aduanas (DGA), la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) de la AFIP.
"El universo de firmas fiscalizadas contempla empresas bajo investigación, debido a su insuficiente capacidad económica-financiera, inconsistencias en sus presentaciones de IVA y Ganancias, diferencias entre los montos de divisas girados al exterior y las importaciones realizadas, así como también desvíos en la debida registración de los trabajadores y trabajadoras", agregaron desde la cartera que conduce Guillermo Michel.
Cómo son las inspecciones
Los procedimientos incluyen el relevamiento presencial de mercadería, documentación y personal, así como también diversos requerimientos de información y documentación relativa a la operación comercial, las transferencias de titularidad realizadas, el detalle de giros de divisas, el destino dado a la mercadería así como también la demostración de su capacidad económica y la trazabilidad de su facturación en el mercado interno.
En el caso de la DGI se realizó en 70 empresas, en las que se abrieron órdenes de intervención notificadas de manera presencial, y requerimientos de información.
Por su parte la Aduana inspeccionó 30 compañías, de los rubros neumático, textil, juguetería, tecnología y vajilla. En ellas, se secuestró documentación y se realizaron intimaciones.
Mientras que personal de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social relevó 24 sociedades, con una suma total de 150 trabajadores, de los cuales el 38 por ciento (55 trabajadores) presentaba incumplimientos de algún tipo.
Entre las posibles consecuencias ante las irregularidades detectadas la Aduana hace referencia a apercibimientos, suspensión o eliminación por completo del registro de importadores y exportadores así como la denuncia penal por evasión, lavado de activos e infracciones al régimen penal cambiario.