La Justicia santafesina declaró inconstitucional un acuerdo entre Vicentin y sus acreedores, que deberán volver a negociar un rescate que ponga en funcionamiento una de las mayores agroexportadoras del país tras su presentación en concurso preventivo, a inicios de 2020.
La decisión de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe se convirtió en un nuevo escollo en el plan de que Vicentin sea absorbida por las agroexportadoras internacionales Bunge y Viterra y la local ACA, una vez llegado a un acuerdo con los mas de 1000 acreedores, informó la agencia Reuters.
En un comunicado, la cerealera criticó fuertemente el fallo y advirtió que, "ante una nueva medida dilatoria de desenlace incierto e impredecible en cuanto al período de tiempo que pudiera involucrar, la empresa se ve forzada a iniciar un procedimiento preventivo de crisis, que hasta ahora ha procurado evitar por todos los medios a su alcance".
Hasta que entró en cesación de pagos, por más de u$s 1000 millones, Vicentin era el mayor exportador de aceite y harina de soja de la Argentina, el principal proveedor global de ambos derivados.
La Corte Suprema de Santa Fe resolvió admitir la queja de la firma acreedora Commodities SA "y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad" al acuerdo homologado por la Cámara de Apelaciones de Reconquista, según el fallo.
El máximo tribunal de la provincia "fundó sus alegaciones en la arbitrariedad normativa, fáctica, en la falta de motivación suficiente y en la supuesta restricción de derechos y garantías constitucionales en la que habría incurrido el Tribunal" de Reconquista, en Santa Fe, donde Vicentin tiene su sede central.
Vicentin era la joya de la corona de la agroindustria argentina hasta que entró en cesación de pagos. Pocos meses después de su default, el gobierno de Alberto Fernández manifestó interés en estatizar la empresa, pero el plan fue descartado por el amplio rechazo social que generó.
La respuesta de Vicentin
A través de un comunicado, Vicentin expresó su "sorpresa" por la admisión de la queja que interpuso Commodities SA.
Enumeró razones. "Por su temporalidad: casi ocho meses desde la homologación dictada por la Cámara Civil, Comercial y Laboral de Reconquista", aseguró. También, por la "carencia de fundamentación de los cinco votos a favor de la apertura de la queja", basada en un solo párrafo. Por el contrario, contrastó, el voto en disidencia tuvo 10 páginas de argumentos.
Además, apuntó contra "la recurrencia en adoptar decisiones excepcionales" del tribunal.
"Es la segunda vez que interviene en el concurso de Vicentin y, en ambas, adoptó decisiones polémicas: cuando dio curso a la avocación (para terminar rechazando el planteo, ocho meses más tarde, con pérdidas significativas en su transcurso para la empresa) y ahora, con la apertura de un recurso de queja que solamente expresa la disconformidad de un acreedor con el fallo de la Cámara de Apelaciones", reseñó.
"Se trata de una segunda decisión arbitraria, también sin fundamento, que provocará los mismos efectos que la primera decisión: pérdida de tiempo y recursos", disparó.
Vicentin criticó el sentido de oportunidad de la Corte santafesina: "A dos semanas de las audiencias penales en las que (independientemente de la homologación) se esperaba debatir el levantamiento de las medidas cautelares dictadas hace cuatro años en beneficio solamente a unos pocos querellantes y que hoy afectan directamente a 1400 acreedores".
La alusión es al cruce de causas penales iniciadas por denuncias de acreedores individuales, como Commodities, la AFIP y el Banco Nación, entre otros.
El directorio de la cerealera mencionó "direccionamiento" en la decisión. "Esta resolución es tomada a solicitud de un solo acreedor (que se encuentra querellado penalmente por la maniobra dirigida a adquirir Vicentin por medios distintos de los previstos en la Ley de Concursos) y que perjudica a los otros 1400", señaló.
En el siguiente punto, la empresa pasó a su contexto y las consecuencias del fallo para la compañía. "Como ha sido expuesto en reiteradas ocasiones y por múltiples medios, la caja de la empresa no soporta mas demoras en la definición final", advirtió. "Pone en riesgo la continuidad de la empresa, que ahora se encuentra obligada a reaccionar con medidas de protección frente a la amenaza de un nuevo período prolongado sin definición", remarcó.
Vicentin aseguró que esto tiene impacto directo "en la sostenibilidad de la empresa, que no puede mantener su funcionamiento normal". También, en sus trabajadores: "Ante una nueva medida dilatoria de desenlace incierto e impredecible en cuanto al período de tiempo que pudiera involucrar, la empresa se ve forzada a iniciar un procedimiento preventivo de crisis, que hasta ahora ha procurado evitar por todos los medios a su alcance".
Tampoco los acreedores quedarán indemnes ("Ven nuevamente postergado su recupero", dijo), al igual que el Estado provincial ("Ve amenazada una fuente de trabajo muy importante en San Lorenzo y en Avellaneda/Reconquista" y el Nacional ("Ve amenazada la continuidad de una gran empresa, vital para las exportaciones argentinas").
"Ante la gravedad de los hechos descriptos que genera esta nueva e injustificada intervención de la Corte Suprema de Santa Fe, Vicentin no puede ignorar el impacto que provoca esta medida en el giro de la sociedad, y se encuentra, por lo tanto, compelida a adoptar todas las medidas de emergencia necesarias para sostenerse hasta alcanzar el traspaso a los tres inversores estratégicos, única salida real, concreta y firmada con los avales y conformidades necesarias, para asegurar la completa continuidad de las operaciones y el pago a los acreedores", finalizó.