Los tres fundadores de la startup argentina Elevva, Maximiliano Chab, Aníbal de Frankenberg y Félix Elizalde, fueron formalizados el miércoles 28 de octubre ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de la investigación por su presunta participación en el delito de depositario alzado, vinculada al conflicto por la adquisición de la marca chilena de equipamiento deportivo BodyTrainer.
Tras la audiencia, los tres imputados quedaron sujetos a la medida cautelar de firma mensual. Según los oficios emitidos por el tribunal, Chab y Elizalde deberán cumplirla en dependencias del Consulado de Chile en Buenos Aires, Argentina, a partir de noviembre de 2026. De Frankenberg deberá hacerlo en el Consulado de Chile en Ciudad de México.
Las resoluciones, suscritas por la jueza Claudia Viviana Hermosilla Toro, establecen la medida conforme al artículo 155, letra c, del Código Procesal Penal.
La formalización constituye un nuevo hito en la causa impulsada por los hermanos Gonzalo y Ángelo Arecco, fundadores de BodyTrainer. Elevva es una compañía dedicada a adquirir y desarrollar negocios de comercio electrónico en Latinoamérica, entre cuyas marcas se encuentran Kano y Relan.
Según los antecedentes proporcionados por la parte querellante, el Ministerio Público había solicitado la audiencia el 17 de agosto. La querella también fue ampliada a estafa, figura respecto de la cual los querellantes esperan que avance la investigación.
Una adquisición por cerca de $8.000 millones
El origen del conflicto se encuentra en la venta de BodyTrainer a Elevva. La operación se acordó por cerca de $8.000 millones, pagaderos en tres partes: un 50% inicial y dos cuotas de 25%, con vencimientos en octubre de 2022 y abril de 2023.
Según los vendedores, Elevva pagó únicamente la primera parte y posteriormente comunicó que no cumpliría con los desembolsos restantes. La compañía sostuvo que se le había ocultado información relevante para la adquisición e inició un arbitraje, mientras los hermanos Arecco rechazaron esas acusaciones y solicitaron el pago de lo adeudado.
De acuerdo con los antecedentes aportados por los querellantes, el laudo arbitral rechazó las alegaciones de Elevva y acogió la demanda de los vendedores, ordenando pagar el saldo pendiente más intereses. Esa resolución fue posteriormente ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago, según la misma parte.
Investigación por el destino de los activos
La arista penal se relaciona con presuntas irregularidades en la administración de BodyTrainer. Según la parte querellante, un interventor judicial detectó ventas de inventario bajo su costo y préstamos a sociedades relacionadas con Elevva cuya recuperación era incierta. Asimismo, sostiene que el inventario prendado, que debía servir como garantía, habría sido desplazado y disminuido sustancialmente.
Para el abogado querellante José Pedro Silva, socio de BACS Abogados, el avance de la causa tiene relevancia más allá de esta controversia comercial. “El tránsito a la economía digital en ningún caso puede significar impunidad”, afirmó.
La investigación continuará para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.