El gobernador Martín Llaryora dispuso, mediante decreto, una nueva etapa en el proceso de reorganización administrativa del Estado provincial, en el marco de la Ley N° 11.015, que autoriza al Poder Ejecutivo a transformar las sociedades del Estado y de economía mixta conforme a la legislación vigente.
La medida se enmarca en los procesos de modernización institucional que lleva adelante el Gobierno de Córdoba, con el objetivo de optimizar la gestión, fortalecer la transparencia y adecuar la estructura administrativa a los nuevos marcos normativos nacionales y provinciales.
Transformación de agencias en entes autárquicos
El decreto establece que las siguientes agencias provinciales, tras su disolución y liquidación, adoptarán la estructura legal y administrativa de entes autárquicos, manteniendo su denominación actual y la vinculación funcional con el Poder Ejecutivo establecida por la Ley N° 10.956:
• Agencia Córdoba Deportes,
• Agencia Córdoba Cultura,
• Agencia Córdoba Turismo, y
• Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF).
Asimismo, dispone la creación de un nuevo ente autárquico único bajo la denominación “ProCórdoba”, que estará bajo la órbita del Ministerio de Economía y Gestión Pública que integrará las competencias, recursos y capacidades de las actuales:
• Agencia ProCórdoba,
• Agencia Córdoba Innovar y Emprender, y
• Agencia para la Competitividad de Córdoba.
De esta manera, estas instituciones continuarán cumpliendo sus funciones específicas, ahora bajo un formato que otorga mayor autonomía administrativa y financiera, preservando su rol estratégico en la gestión de políticas públicas.
El nuevo esquema busca potenciar la sinergia institucional, optimizar los recursos y consolidar una estrategia unificada para la promoción de inversiones, innovación, exportaciones y competitividad provincial.
El decreto garantiza la reubicación del personal y la reasignación de bienes y recursos materiales a los nuevos entes autárquicos que actuarán como continuadores de las agencias actuales.
Los ministerios competentes —Gobierno y Economía y Gestión Pública— tendrán a su cargo la ejecución de las medidas necesarias para llevar adelante el proceso de disolución, liquidación y constitución de los nuevos entes, con la intervención de la Fiscalía de Estado.
Finalmente, el Ministerio de Economía y Gestión Pública estará facultado para realizar las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias a los fines del cumplimiento del decreto.