El juez federal Bustos Fierro tiene nuevamente en su despacho la causa Vitnik. Y es que en diciembre de 2017 la Sala I de la Cámara de Casación Penal (presidida por el Eduardo Riggi y las vocales Ana Figueroa y Liliana Catucci) hizo lugar al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal.
Para entender el caso hay que remontarse a octubre de 2013 cuando el Tribunal Federal N°1, a cargo de Bustos Fierro sobreseyó a los directivos de Vitnik y otras personas (en total, 16) imputadas por el fiscal Enrique Senestrari por el delito de trata de personas. El fiscal los acusaba de explotar personas, la mayoría de origen peruano, algunas en condiciones migratorias ilegales, siendo al menos dos de ellos menores de edad, en los talleres textiles propios y otros tercerizados (en los barrios Ducasse, San Martín, General Mosconi, San Roque, Güemes y Alto Alberdi) para abaratar costos de producción y percibir ganancias extraordinarias en el marco de la actividad comercial que desarrollaban.
En 2014 la Cámara de Apelaciones de Córdoba ratificó los sobreseimientos dictados por el juez (ya que Senestrari había apelado) entendiendo que no había tal delito. Y cuando todos creíamos que era un tema cerrado, el Ministerio Público Fiscal (trascendiendo las fronteras de nuestra provincia) presentó un recurso sosteniendo que las pruebas se habían valorado parcialmente y de manera arbitraria. Así, la Cámara de Casación decidió anular los sobreseimientos y la causa retornó a Córdoba. La historia parece empezar otra vez…
¿Qué debe “volver a revisar” Bustos Fierro?
“Si bien el tribunal es libre para seleccionar y valorar el material probatorio sobre el que apoyar sus conclusiones, esa libertad no puede ser discrecional ni arbitrariamente utilizada”, reza la resolución de la Cámara de Casación y explica que le corresponde a la justicia reservarse el dictado de sobreseimientos en los casos en que se hayan extremado los recaudos y las tareas investigativas necesarias para tener la certeza de que no existe trata de personas (tareas que para este órgano judicial no se hicieron).
La Cámara advierte una valoración apresurada, fragmentada y aislada de los elementos recolectados en la investigación, sin fundamentación, dando lugar a omisiones y falencias. Así, sostiene que deben examinarse minuciosamente cada uno de los talleres en cuestión y la situación concreta de cada una de las supuestas víctimas, sin generalidades.
Asimismo, le achaca (tanto al Juzgado como a la Cámara de Apelaciones) entre otras cosas, que han omitido valorar informes psicológicos sobre los trabajadores, sus testimonios (que expresaban la restricción de su libertad, que trabajaban 14 horas por día por $ 400), la irregularidad migratoria en la que se encontraba la mayoría (de lo que se desprende que no todos estaban habilitados legalmente para un empleo formal), los dos menores hallados en el taller de Alto Alberdi y la confusa distinción (aun cuando había fotos con colchones al lado de máquinas de coser) entre el lugar de empleo y el de descanso.
Con esos argumentos la Cámara de Casación Penal decidió anular los sobreseimientos y remitir la causa a su origen. Es decir que el juzgado de Bustos Fierro deberá hacer un examen individualizado y contextualizado de las pruebas y resolver la situación procesal de las personas involucradas en los plazos que ordena el Código Procesal de la Nación (si sobresee nuevamente deberá justificar todos los puntos que la Cámara de Casación le señaló).
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