La publicación propone actualizar la manera en que se piensa y se gestiona la contribución del sector privado al desarrollo sostenible y al bien común.
El documento retoma el camino iniciado por las ediciones anteriores de la Guía, publicadas en 2005 y 2016, y recoge aprendizajes, debates y transformaciones que atravesaron al campo de la inversión social privada durante la última década. El resultado es una herramienta que busca acompañar a empresas, fundaciones, organizaciones sociales y otros actores en el diseño de estrategias más sólidas, colaborativas, sostenibles y orientadas al impacto.
En la presentación estuvieron presentes referentes como Luis Ulla, cofundador y presidente Consejo consultivo de IARSE quien destacó que en todo este proceso se pasó a pensar de cómo vamos a coinvertir a naturalizar la coinversión como estrategia en las empresas. “Hay un cambio radical en la dirección de las empresas donde coinvertir se volvió algo natural”, expresó Ulla.
En el primer panel también estuvo Analía Nievas Decana de Administración y Managment de Siglo 21 quien señaló el rol de la Universidad en la inversión social privada. “Es importante pasar de la lógica de espasmos a un enfoque estratégico y sistemático de medición y resultados de lo que hacemos. “El desafío es que el conocimiento no quede en los ámbitos académicos, que contribuya a tomar decisiones más efectivas y que los liderazgos sean diferentes”, consideró.
La académica agregó que hay que tener en cuenta cuatro ideas centrales. Primero, romper las estructuras educativas asentadas en la disciplina aportando desde la multidisciplinariedad. Segundo, incorporar la agilidad porque los cambios son más rápidos y generan situaciones diversas. Tercero, que las universidades se transformen en laboratorios experienciales frente a problemas complejos y cuarto, que la incorporación de la Inteligencia Artificial va cambiando los conocimientos que deben estar nutridos de mucha humanidad. “Más que pensar en que proyecto vamos a invertir, hay que pensar en que situaciones podemos trabajar donde solos no podemos resolverla”, añadió.
Luego Nicolas Piloni, concejal de la ciudad de Córdoba y vicepresidente de la Adec, dijo que es importante considerar los riesgos de la articulación intersectorial, en como generamos esos procesos donde están presentes los lbienes públicos. “Es fundamental promover mesas de articulación público privada para sumar capacidades frente a problemas complejos con pocos recursos”, agregó. También añadió que es clave pasar de la acción individual a la colectiva. “Acá toma valor el GFS porque nos ayuda a seguir consolidando un ecosistema donde convivan el sector público privado y las universidades”, dijo. El vicepresidente de ADEC consideró también que la inversión social privada no viene a reemplazar la responsabilidad del Estado. Este debe tener la permeabilidad para poder trabajar con el sector privado que tiene otros recursos que el sector público no tiene. De lo que se trata es de pensar en soluciones transversales a los problemas sociales.
Proactividad y Estrategia. Uno de los principales cambios que plantea la Guía es el pasaje desde una lógica centrada exclusivamente en la filantropía o la respuesta a necesidades puntuales hacia una concepción más amplia de la Inversión Social Privada (ISP). La ISP se define como el uso responsable, proactivo y estratégico de recursos privados para contribuir al bienestar y al desarrollo de las comunidades en el largo plazo. Esos recursos no son únicamente financieros: también pueden incluir conocimiento, capacidades técnicas, tecnología, capital humano, redes y capacidad de articulación.
Este cambio no implica abandonar la tradición filantrópica ni desconocer el valor de la asistencia frente a situaciones de emergencia. La Guía propone, en cambio, complementar esas capacidades con planificación, objetivos claros, medición, aprendizaje y una mirada de largo plazo. Se trata de pasar de la lógica de “dar porque hay una necesidad” a la de invertir para contribuir a transformaciones sostenibles, trabajando sobre las causas de los problemas y fortaleciendo las capacidades de los territorios y las organizaciones.
La Guía propone así pensar la inversión social como una forma de contribuir a la generación y fortalecimiento de bienes públicos y colectivos. Esto supone reconocer que muchos de los grandes desafíos sociales y ambientales no pueden ser resueltos por un solo actor. La efectividad de las intervenciones depende cada vez más de la capacidad de empresas, Estado, organizaciones de la sociedad civil, comunidades y academia para coordinar esfuerzos, complementar capacidades y construir agendas compartidas.
Esta mirada también cuestiona algunas ideas frecuentes sobre la inversión social privada. La ISP, señala la Guía, no busca reemplazar al Estado, sino complementarse y articular con otros actores desde responsabilidades y capacidades diferentes. Tampoco debería reducirse a una estrategia de marketing o reputación: una iniciativa social pierde legitimidad cuando no existe coherencia entre lo que una organización comunica y sus prácticas reales. La confianza, el diálogo, la transparencia y la consistencia en el tiempo son condiciones centrales para construir legitimidad.
El ADN de pensar la comunidad. En el segundo panel, Mónica Camisasso gerente de impacto social de Arcor, sostuvo que en el ADN de los pioneros de Arcor estuvo presente la responsabilidad con la comunidad e inicio ejercicio de inversión social. “Desde los inicios nos orientamos a la inversión social en educación cultura y desarrollo comunitario, gestionando el impacto de producción industrial en sus territorios. Para contribuir con el desarrollo de sus comunidades”, agregó. Abogó por pensar en el impacto que quieren lograr desde la acción colectiva.
Franco Frola presidente del Clúster de Economía Circular dijo que la inversión social privada no es solo para grandes empresas sino para otras más pequeñas. “Esta guía debe servirnos para ver como aplicamos sus recomendaciones en nuestras empresas con una mirada estratégica con enfoque regional”. Luego, Nicolás Serra, líder de Innovación Social Naranja X, consideró que en la inversión social no solo invierte dinero, sino en redes capacitación para ir por un nuevo propósito.
El ecosistema de la inversión social también se volvió más diverso. Junto a las fundaciones corporativas, familiares e independientes, hoy participan empresas que gestionan directamente sus estrategias de impacto, organizaciones de la sociedad civil, plataformas y redes, gobiernos, comunidades y nuevos actores vinculados a las finanzas y la tecnología. Esta diversidad amplía las posibilidades de acción, pero también plantea el desafío de evitar la fragmentación y avanzar hacia una mayor coordinación de esfuerzos.
Ivan Buffone, líder de Innovación Estratégica de GDFE añadió que la guía tiene una intencionalidad y un compromiso con el impacto a largo plazo. “Para analizar resultados, evaluando qué cambios hay que hacer para mejorar nuestra intervención”, dijo convencido. También se refirió a que la Inversión Social Privada no son solo recursos económicos, sino también talento, redes, vínculos y capacidad de convocatoria. Son Donaciones, programas propios y apoyo de proyectos. Voluntariados, asistencia técnica y fortalecimiento institucional, premios, becas, compras sostenibles, negocios de impacto e inversión social.
En particular, la Guía propone revisar la relación con las organizaciones de la sociedad civil. Más que considerarlas únicamente ejecutoras o proveedoras de servicios, plantea reconocerlas como aliadas estratégicas, con conocimiento territorial, capacidad de innovación y un rol fundamental en la construcción de ciudadanía y agendas públicas. Desde esta perspectiva, la inversión social no debería limitarse al financiamiento de proyectos, sino contribuir también al fortalecimiento institucional y a la sostenibilidad de las organizaciones.
La medición ocupa un lugar importante, aunque la Guía advierte que el impacto no puede reducirse únicamente a la cantidad de personas alcanzadas o a indicadores inmediatos. El desafío es combinar la evaluación de resultados concretos con una comprensión más amplia de los sistemas y contextos en los que se interviene. La pregunta, entonces, no es solamente qué cambia a partir de un programa, sino también cómo esa intervención puede contribuir a fortalecer capacidades, generar aprendizajes, influir en otros actores o transformar condiciones más estructurales.
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