Más allá de la opinión política que se tenga con relación al Ente Autárquico, sus alcances y la sanción que dio origen al conflicto, creemos que se han dado los pasos institucionales pertinentes en el normal funcionamiento de los poderes públicos.
Consideramos que si se impulsa un proyecto de ordenanza en el marco de las facultades de un Intendente re-electo, si luego se obtienen las mayorías especiales requeridas con apoyo de otros partidos políticos, si se lleva a cabo un proceso de discusión con el SUOEM a efectos de enriquecer el proyecto, si se realiza la audiencia pública respectiva, se efectúan modificaciones al mismo y se aprueba en segunda lectura con mayorías especiales, se han cumplido los procedimientos institucionales previstos en un régimen democrático y propio de un estado de derecho.
Sin embargo, asistimos a extendidas y desproporcionadas medidas de retención de servicios municipales esenciales, que pretenden justificarse en defensa de intereses sectoriales pero terminan vulnerando derechos de toda la ciudadanía. Una sociedad que está ya cansada de observar la utilización de este tipo de conductas políticas que toman de rehén a toda la población y ponen en riesgo la paz social de los vecinos.
Se vuelve imperioso que las autoridades de las diferentes instancias institucionales (administrativas, gubernamentales y judiciales) con competencia directa en estos asuntos actúen con la mayor celeridad y la mayor responsabilidad posible para encauzar esta disputa y evitar consecuencias más gravosas para toda la sociedad.
Sin perjuicio de ello, y con el objetivo de evitar un escalamiento aún mayor del conflicto, instamos a las autoridades a la conformación de una Mesa de Diálogo con participación de actores de la sociedad civil (organizaciones sindicales, empresarias, eclesiales, universitarias y/o profesionales) que en el marco del respeto a las leyes y la preservación de derechos colectivos procure retrotraer la total normalidad a la situación actual.
Estas sugerencias vienen dictadas desde una profunda preocupación ciudadana, ya que más allá de los daños físicos que pueden advertirse en dependencias municipales se vienen produciendo graves daños a la sociedad y a la economía en su conjunto, que afectan a la ciudadanía en general pero también a las empresas y trabajadores en particular. La parálisis y dificultades en la producción que provoca la falta de autorizaciones, o la ausencia de controles en los ámbitos del comercio y del tránsito vehicular han convertido a la ciudad en un caos. Es por ello que nos sentimos plenamente involucrados en contribuir a una verdadera convivencia cívica en nuestra ciudad.
El G-6 está conformado por: Bolsa de Comercio de Córdoba, Cámara de Comercio de Córdoba, Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, Cámara Argentina de la Construcción- Delegación Córdoba, Federación Comercial Córdoba, Unión Industrial Córdoba.
martes 08 de diciembre | 2015
Preocupa al G-6 “la escala del conflicto” entre Suoem y Muni
El Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba (G6) exhortó al sindicato de empleados municipales al “cese inmediato de la escalada en el conflicto municipal” cuya prolongación –asegura la entidad- “afecta a más de un millón de ciudadanos con graves consecuencias y riesgo inminente de mayor desorden social”. Mirá el comunicado completo.