La creación del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, con el que el presidente Alberto Fernández resolvió anular la revuelta policial en el distrito gobernado por Axel Kicillof, es apenas el primero de los pasos que la Casa Rosada puso en marcha para resolver el esquema de transferencias automáticas de partidas que viene recibiendo la ciudad de Buenos Aires desde el minuto uno de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, y que el Frente de Todos y su máxima figura, la vicepresidenta Cristina Kirchner, consideran "obsceno" en atención a las disparidades que arrastran desde hace décadas los dos distritos que, ahora, pugnan abiertamente por mayor caja.
Concretamente, Fernández anunció el miércoles por la noche la quita de un punto de la Coparticipación Federal a la ciudad de Buenos Aires, entendiendo que el distrito cuna del PRO fue injustamente beneficiado en enero de 2016 cuando el expresidente Mauricio Macri elevó por decreto y sin explicación el reparto de recursos federales de 1,4% a 3,75% , que más tarde se justificó a razón de la migración de 19.900 efectivos de la Policía Federal Argentina que se incorporaron a la Policía de la Ciudad al concretarse la transferencia de las competencias de seguridad a la capital -establecida como consecuencia de la reforma constitucional de 1994.
La discusión por el reparto de los fondos fue uno de los primeros planteos que Fernández llevó a Larreta en uno de sus primeros encuentros cara a cara, allá por diciembre de 2019, teniendo en cuenta el agujero financiero de la Provincia y la insistente prédica de Cristina, que incluso marcó postura sobre este tema dos días después de iniciado el Gobierno, cuando en La Matanza denunció "la gran desigualdad" que hay entre porteños y vecinos del Conurbano.
En marzo, una auditoría encargada a la secretaria de Relaciones con la Provincia y exministra de Economía bonaerense, Silvina Batakis, concluyó que los costos asociados a la transferencia de las competencias de seguridad a la Ciudad equivalen al 0,92% de los recursos coparticipables, muy por encima de los 2,35 puntos porcentuales extra que Macri le otorgó a Larreta. Para el año en curso, ese margen es igual a $ 24.836 millones.
La auditoría encargada y que llegó al ministerio de Seguridad de Sabina Frederic estima que la Nación debe seguir pagando los sueldos de los efectivos transferidos y los gastos corrientes asociados, como el combustible de los patrulleros, alimentación y servicios básicos de las dependencias policiales, tal como estipula la Constitución. Pero aún continúa transfiriéndose dinero en exceso sin un correlato claro, sostienen.
Sin embargo, en la mesa de negociaciones la Ciudad interpreta que el flujo de dinero excedente girado en estos años debe continuar para cubrir la inversión que el Gobierno porteño hizo cuando Cristina se negaba a entregarle el personal (y los recursos) que servía en el distrito. Eso llevó por entonces a Mauricio Macri, como jefe de gobierno, a montar la estructura de la Policía Metropolitana, reemplazada en 2016 con la Policía de la Ciudad.
Independientemente de que logren ponerse de acuerdo sobre el monto y los conceptos por los que la Nación debe seguir pagando a la Ciudad, la Casa Rosada ya trabaja para desvincular el costo de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires de la evolución de los ingresos tributarios que percibe.
Según pudo saber El Cronista por fuentes involucradas en la discusión, Alberto pretende volver al esquema de coparticipacion del 1,4% que regía antes de que Macri fuera presidente, y encarrillar por otra vía el pago de la Policía porteña, sin atarlo al movimiento de los recursos tributarios. De hecho, el decreto con el que Fernández efectivizó el Fondo que solventará el pago de salarios de los policías bonaerenses deja la puerta abierta a establecer a futuro nuevos mecanismos de compensación a la Ciudad por la transferencia de las competencias de seguridad.
El argumento que barajan en el entorno del presidente es que el 80% del gasto asociado es para el pago de las remuneraciones del personal y que, por tanto, nada tiene que ver con la recaudación nacional. Por eso la Rosada aspira a forzar a Larreta a firmar un convenio interjurisdiccional que fije un mecanismo de actualización basado en la inflación, pero también en la paritaria policial.
En un contexto de retroceso del poder adquisitivo, tal esquema sería desventajoso para la Ciudad, y por eso se descuenta que Rodríguez Larreta judicializará los cambios propiciados.