El dilema de si acaso cuidar la salud o el bolsillo de los argentinos, el Gobierno planea superarlo sin tomar una decisión definitoria ni por uno ni por otro bando. Por el contrario, la salida luce de momento con un salto “por arriba” a la disquisición, atendiendo ante todo las planillas que llegan a manos del presidente en Olivos.
El paquete de medidas de “protección” de la economía, en el que destacan el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de la ANSeS por $ 10.000 mensuales para sectores informales y desocupados; los refuerzos de la asistencia social a través de la tarjeta alimentaria, las subas en jubilaciones, pensiones y asignaciones, y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), arroja números asombrosos como preocupantes.
En solo 30 días, el Estado desembolsó más de $ 140.000 millones (casi un punto y medio del PBI) y extendió el colchón de contención a 21 millones de adultos, entre población económicamente activa y retirados. Medido por grupos familiares, prácticamente nueve de cada diez hogares argentinos hoy reciben algún tipo de transferencia del Estado.
Sin grandes reservas en el Banco Central , ni superávits a los que echar mano, ni un mercado externo potente, ni otro interno ávido de consumo, ni tampoco “canutos” de dónde sacar plata –al decir de Carlos Melconian- el Gobierno no tiene más remedio que emitir y enfrentar consecuencias imprevisibles en un escenario nunca antes visto, y a la vez desarmar el edificio de transferencias monetarias que se hicieron imprescindibles para evitar más gente cayendo por debajo de la línea de la pobreza y la indigencia.
Por estas horas, mientras la AFIP continúa procesando datos de empresas y cuentapropistas que piden asistencia para pagar salarios o bien afrontar sus costos con créditos subsidiados, a pocos metros el equipo económico trabaja sobre el diseño de cálculos para focalizar la asistencia a partir de junio en sectores claves que no podrán volver a operar en varias semanas o meses.
Pasado el “IFE 2” y el “ATP 2”, como se bautizaron los refuerzos los bonos y salarios complementarios pagados cuando la cuarentena se preveía corta, el Gobierno podría recurrir a un tercer capítulo de ambos programas pero mucho más restringidos en cantidad de beneficiarios.
En solo 30 días, el Estado desembolsó más de $ 140.000 millones (casi un punto y medio del PBI) y extendió el colchón de contención a 21 millones de adultos, entre población económicamente activa y retirados
El enfoque asistencialista, por así decirlo, dará lugar a un acompañamiento enfocado en el crédito para bienes de capital, permitiendo a las empresas hacerse de insumos y otros bienes básicos para empezar a producir.
El mismo aislamiento, y mayor producción
Los primeros en quedar fuera de la ayuda serán los habitantes de las provincias donde la actividad quede prácticamente normalizada. En varios distritos de la Patagonia, Cuyo, NOA y el NEA llevan semanas sin nuevos casos, y allí se aguarda que la actividad poco a poco retorne a la (nueva) normalidad. Habrá que esperar las señales que entregue Alberto Fernández en su primera incursión al interior, con escalas en Santiago del Estero y Tucumán.
Hacia el epílogo del tercer trimestre, el Gobierno espera que las empresas manufactureras y los comercios vayan recuperando los tibios niveles de comienzos de marzo, cuando pespuntaba tibias señales de recuperación por el lado del consumo -gracias a las transferencias a sectores de barjos recursos-, las ventas crecían en shoppings, supermercados y mayoristas, y 14 de 15 sectores habían logrado crear empleo, con excepción de la construcción.
Otros, como el turismo, el espectáculo y las actividades relacionadas al esparcimiento, van a enfrentar una crisis muy prolongada con riesgo casi cierto de desaparición, vaticinan en el Gobierno, en especial en el rubro hotelero y turístico por la fuerte ofensiva que se vendrá desde otras economías (principalmente en Europa, con Francia, España e Italia a la cabeza) por captar el turismo emisivo en todo el mundo.
Y aunque los números de contagios puedan crecer en la capital federal, el Gran Buenos Aires y otros aglomerados urbanos donde respira el entramado productivo, los funcionarios que velan por la salud de la economía tienen cifras para defender la actual fase de aislamiento.
Previendo que una situación como la actual, con distanciamiento social vigente, pero aparato productivo saliendo de terapia intensiva, se prolongará varios meses más, la prescripción que recetan los funcionarios económicos pasa por "tratar de seguir funcionando, con circulación controlada". Y aseguran que el contagio en entornos productivos es mínimo. La incógnica es qué hacer con los casi 7 millones de empleados informales, los últimos de los últimos en volver a escena.