En medio de las complicaciones que enfrenta el escenario económico, con caída de actividad y alta inflación, el Gobierno tiene algunos motivos para celebrar. Uno de ellos se vincula con el funcionamiento de la última reforma del sistema de riesgos del trabajo (ART), de la que mañana se cumplirán dos años.
Los últimos datos sobre la evolución del sistema marcan una fuerte caída en la denominada 'industria del juicio', que se contrajo un 44% en el período, y una reducción del 20% en las alícuotas promedio de los seguros por accidentes y enfermedades laborales. Según las estimaciones oficiales, la reducción en los niveles de litigiosidad y en el costo de los seguros representan para las empresas un ahorro de alrededor de $ 30.000 millones.
El último relevamiento efectuado por la Superintendencia de Riegos del Trabajo (SRT), al que tuvo acceso El Cronista indicó que en el último trimestre del 2018, la litigiosidad por accidentes laborales descendió un 44% promedio en todo el país, un registro histórico para el sistema, que a partir del 2004 experimentó una escalada exponencial de juicios hasta la sanción de la última reforma.
El informe señaló que mientras en ese trimestre de 2017 se registraron 29.854 nuevos juicios de trabajadores en unidades productivas y de trabajadores en casas particulares, en el mismo período del año pasado se iniciaron 16.638, es decir una caída de 44,3%. El recorte involucró unas 13.214 presentaciones menos, lo que equivale a un costo de alrededor de $ 4800 millones (alrededor de $ 365.00 por juicio).
En el caso de la evolución de las alícuotas tras la reforma, otro informe de la SRT indicó que en promedio el costo de los seguros por la cobertura del sistema de riesgos del trabajo se ubicó en noviembre pasado en 2,83% de la masa salarial, situándose a valores muy cercanos a los registrados en 2009.
Ese valor representa una disminución de 19,6% en comparación con los niveles registrados en enero del 2016 y, según los cálculos oficiales, implican un ahorro de $ 25.000 millones para las empresas.
Al respecto, desde el organismo que encabeza Gustavo Morón argumentaron que la reducción en el monto de las alícuotas es "un efecto directo" de la reformulación legislativa que incorporó, entre otros aspectos, a las comisiones médicas jurisdiccionales como una instancia única, obligatoria y previa al inicio de cualquier demanda judicial contra el sistema. Ese mismo elemento explica, según las autoridades de la SRT, la caída casi a la mitad en los niveles de litigiosidad.
Justamente en el análisis detallado sobre la litigiosidad del sistema, el relevamiento precisó que el total de juicios notificados entre enero y setiembre del año pasado con y sin sentencia fue 58.123, de los cuales la Justicia dictó sentencia solo en 3480 casos (6%.)
El resto, 54.643 casos (94%), pasó a integrar el stock de expedientes que permanecen sin sentencia y que acumula 347.172 juicios desde enero del 2010, con un costo estimado superior a los u$s 5000 millones.
Respecto a la judicialización del sistema por provincia, los números marcaron una reducción de las demandas en la mayoría de los distritos, aunque con mayor contundencia en las jurisdicciones que adhirieron a la reforma.
Al tope de ese listado figuran Córdoba, con una disminución de 76,4% en la cantidad de nuevos juicios; seguido por la Ciudad de Buenos Aires (-61,9%) y Mendoza (-56,5%). A su vez, la provincia de Buenos Aires, que recién adhirió a la normativa en marzo del año pasado, registró una caída del 42,8% en las demandas iniciadas al pasar de 8022 juicios registrados en el tercer trimestre del 2017 a 4589 en idéntico período del 2018.
El retroceso de la litigiosidad por accidentes y enfermedades laborales también se observó en el período en la evolución que registraron las presentaciones judiciales según la actividad económica. Los rubros más significativos experimentaron una baja que en algunos casos llegó hasta el -53% promedio, como fue el caso del sector de la electricidad.
En ese ranking le siguieron los servicios financieros (-47,3%); el sector de comercio (-45,8%); los servicios sociales (-44,8%); industria manufacturera (-44,4%); Transporte (–43,7%); Construcción (-39,5%); Minería (-32,1%); y Agricultura (-30,6%).