El anuncio del presidente, Alberto Fernández, del recorte de los fondos de la coparticipación federal de impuestos que recibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para nutrir las arcas de la provincia de Buenos Aires reavivó el debate sobre este esquema de distribución de esos recursos.
El régimen vigente fue establecido en enero de 1988 a través de la Ley 23.548 de forma transitoria, pero a falta de acuerdo de las provincias la norma todavía sigue en pie a pesar de que la reforma constitucional de 1994 contemplaba una reglamentación definitiva.
La coparticipación consiste en que una porción de los fondos tributarios recaudados por Nación se repartan entre las provincias en tiempo real. Es decir, a medida que se recauda diariamente, la administración central realiza transferencias automáticas a las jurisdicciones.
El fin del esquema, que tiene rango constitucional, es distribuir los ingresos tributarios entre las provincias dada la cesión de las potestades tributarias de estos distritos a la Nación, con el objetivo de evitar conflictos de doble imposición, por lo que en la práctica no todas las jurisdicciones 'aportan' lo mismo al Fisco, ni reciben la misma proporción de lo que 'aportan' a la economía.
Según la ley, en primer lugar hay dos detracciones de la masa coparticipable:
- Un 15% que se destina al financiamiento del sistema previsional nacional y otros gastos operativos y
- Una suma fija de $ 45,8 millones mensuales que se reparte entre las provincias.
Luego viene la distribución entre Nación y provincias:
- 42,34% va al Tesoro Nacional,
- Un 56,66% a las provincias
- In 1% al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que maneja el Ministerio del Interior.
A su vez, de ese 56,66% que va para las provincias, dos puntos porcentuales (p.p.) se destinan a:
- Buenos Aires (1,5701 p.p.),
- Chubut, Neuquén y Santa Cruz (0,1433 p.p. para cada una de las tres).
Finalmente, del 54,66% restante
- 19,93 punto. son para Buenos Aires,
- 9,28 p.p. para Santa Fe,
- 9,22 p.p. para Córdoba,
- 5,18 p.p. para Chaco,
- 5,07 p.p. para Entre Ríos,
- 4,33 p.p. para Mendoza,
- 4,29 p.p. para Santiago del Estero,
- 4,94 p.p. para Tucumán,
- 3,98 p.p. para Salta,
- 1,38 p.p. para Santa Cruz,
- 2,37 p.p. para San Luis,
- 3,51 p.p. para San Juan,
- 2,62 p.p. para Río Negro,
- 1,54 p.p. para Neuquén,
- 3,43 p.p. para Misiones,
- 2,15 p.p. para La Rioja,
- 1,95 p.p. para La Pampa,
- 2,95 p.p. para Jujuy,
- 3,78 p.p. para Formosa,
- 3,86 p.p. para Corrientes,
- 2,86 p.p. para Catamarca y
- 1,38 p.p. para Chubut.
- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) no está incluida en este reparto y desde 2003 recibía 1,4% de la masa coparticipable directamente de Nación.
Con el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, en 2016 el entonces presidente Mauricio Macri, elevó la cuota a 3,75%, también a partir de recursos nacionales. Con el Pacto Fiscal de noviembre de 2017, esa cifra bajó a 3,5%. Ahora, Fernández redujo esa cifra a 2,32% por decreto y lo llevará a 1,40% a partir de la aprobación del Congreso.
No obstante, la Ciudad es la jurisdicción que menor dependencia tiene de los fondos de la coparticipación. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), representó el 26,68% de sus recursos totales en todo 2019.
Las otras dos provincias cuyos ingresos de coparticipación fueron menores al 50% del total de sus arcas a lo largo del año pasado son Neuquén (41,77%) y Buenos Aires (49,59%), aunque para esta última la dependencia podría ser mayor.
Las más dependientes son Formosa (93,4%), La Rioja (90,9%), Catamarca (89,76%), Chaco (86,7%), Jujuy (86,6%), San Juan (84,6%) y San Luis (79%). El resto recibió por coparticipación entre el 60% y el 76% de sus recursos totales, lo que ilustra el grado de importancia que tiene para todas las provincias en general.
Mecanismos previos
No obstante, no todos los impuestos son coparticipables, como por ejemplo los derechos de importación y de exportación previstos en el artículo 4 de la Constitución, la tasa estadística y el impuesto a los combustibles líquidos y gas natural (aunque un 29% va directo a las provincias pero sin criterio de coparticipación).
Tampoco son coparticipables el impuesto a la energía eléctrica, el impuesto al cine, el impuesto a los pasajes aéreos, el tributo interno a los seguros ni a los cigarrillos y el componente tributario del monotributo (aunque el 30% va a las provincias sin criterio de coparticipación). En tanto, Bienes Personales sí se coparticipa en un 93,73%, pero sin la detracción de 15% para el sistema previsional.
De los que lo son, algunos dan resultados distintos en la práctica, dado que existen mecanismos de distribución previos.
El impuesto a los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente Bancaria, más conocido como impuesto al cheque, sí se comparticipa en un 30%, mientras el 70% restante va para el Tesoro Nacional.
De lo embolsado por el Impuesto a las Ganancias, en primer lugar se detraen $ 580 millones anualmente, de los cuales $ 120 millones van para la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), $ 20 millones para el fondo de los ATN y $ 440 millones distribuyen entre las provincias (sin contar a la Ciudad).
Del resto de lo recaudado por Ganancias, el 64% se coparticipa entre Nación y las provincias, un 4% extra se distribuye entre las provincias (salvo Buenos Aires), un 20% se direcciona a la ANSeS, un 10% se envía a Buenos Aires (si supera los $ 650 millones el excedente se distribuye entre las provincias) y el 2% al fondo de los ATN.
De lo captado a través del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el 89% se coparticipa entre Nación y provincias y un 11% se destina al Régimen Nacional de Previsión Social. De esta última porción, el 93,73% va para ANSeS y el 6,27% a la Ciudad y a las provincias.
De lo recaudado por impuestos internos (salvo seguros, transferencia de inmuebles, juego y tabaco), el 80,645% se coparticipa entre Nación y provincias, un 16,13% va al Fondo Especial para Bibliotecas Populares y un 3,225% se destina al Instituto Nacional de Teatro.
Del impuesto sobre el Capital de las Cooperativas se coparticipa solamente la mitad, de la cual la porción de Nación va para el Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa, mientras la otra mitad va también para ese fin.