Por primera vez desde que asumió Alberto Fernández, hace ocho meses, el Gobierno parece decidido a activar el sector energético.
Está en la agenda un aumento de nafta y nuevos incentivos a la producción de gas, para revitalizar Vaca Muerta y dar señales a la inversión privada.
Sobre el fin de esta semana, el Presidente, junto al titular de YPF, Guillermo Nielsen, el CEO de la empresa, Sergio Affronti, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, podrían validar el primer aumento del año en los precios de los combustibles líquidos (naftas y gasoil).
Guzmán y Affronti se iban a reunir este jueves por la tarde en el Palacio de Hacienda, pero el encuentro quedó suspendido por cuestiones de agenda del ministro.
El incremento, que pondría presión a la inflación en un momento en que se vuelve a acelerar tras las restricciones a la movilidad por la pandemia, se podría llegar a aplicar antes del martes 11, cuando la petrolera estatal debe presentar a sus inversores los resultados del segundo trimestre.
El atraso en los precios de la nafta sería de entre un 10% y un 12%, según una refinadora. Otra compañía incluso estima en 15% lo que deberían subir los precios de los combustibles.
Esos porcentajes se explicarían por el alza de más de 20% del dólar mayorista en lo que va del año y el 16,5% de inflación acumulada entre el último incremento (diciembre) y junio.
Gas
Por otra parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas presentó este jueves ante empresarios del sector hidrocarburífero los principales lineamientos el Esquema de Gas 2020-2024, "una iniciativa para potenciar la producción de gas, que consistirá en un sistema de contratos directos para garantizar el abastecimiento en los próximos cuatro años", según se detalló. El impacto sobre tarifas no será inmediato.
El plan de incentivo a la producción "busca cuidar los ingresos de los usuarios finales vía tarifa, principalmente de las franjas vulnerables de la población; sustituir importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y combustibles líquidos, especialmente en invierno; disminuir el costo fiscal de los subsidios; coadyuvar con una balanza energética superavitaria; generar certidumbre de largo plazo al sector hidrocarburífero y establecer un sistema transparente abierto y competitivo", completó el comunicado de Producción.
El timming es crítico. En medio de la reunión por teleconferencia, Kulfas reconoció: "Queremos revertir la caída en la producción".
Más contundente fue Affronti. "Este plan llega en el momento justo, porque si no íbamos a tener que cortar el gas a algunos sectores y eso iba a ser muy serio y grave", admitió.
Es que desde mediados de 2019, la oferta de gas natural estaba en plena declinación, sobre todo la producción en Vaca Muerta.
De no medir cambios, se avizoraba una catarata de importaciones de gas en el próximo invierno, que restaría valiosos dólares a la economía argentina en momentos de estrictos controles cambiarios (cepo).
La consultora internacional Wood Mackenzie había estimado en u$s 3000 millones las importaciones para 2022.
Affronti fue una de las cabezas de este plan, junto al gerente de Gas de YPF, Marcelo Núñez, y el vicepresidente de Gas y Energía de la petrolera estatal, Santiago Martínez Tanoira.
Hoy presentamos el Esquema Gas 2020-2024, una iniciativa que tiene como objetivo potenciar la producción de gas para garantizar su abastecimiento, generar una oferta previsible y aumentar las inversiones en el sector. pic.twitter.com/KXX3ycnE1u
— Matías Kulfas (@KulfasM) August 6, 2020
En el corto plazo esto no tendrá impacto en las tarifas a los usuarios finales, al menos hasta el 31 de diciembre de 2020.
Pero superado ese plazo, el Poder Ejecutivo deberá convocar a una audiencia pública para definir el traslado del costo del gas a las tarifas que reciben los usuarios (pass through).
Los funcionarios prometieron que los nuevos cuadros tarifarios se debatirán con "mecanismos de participación ciudadana".
El nivel de subsidios todavía no está calculado, ya que el Estado pondrá la diferencia entre el precio de mercado y lo que puedan pagar los hogares y comercios, en base a criterios de "justicia" y "asequibilidad" tarifaria.
Allí será clave también la visión de Guzmán y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, que deberán estimar el costo fiscal para el Tesoro Nacional.
La subasta en la que participarán petroleras (YPF, Total Austral, Tecpetrol, Pan American Energy, Wintershall, CGC, Pampa Energía y la ex Enarsa, entre otras), distribuidoras (como Metrogas, Naturgy, Camuzzi y EcoGas) y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa, que comprará para las centrales termoeléctricas) se realizaría en septiembre y será reglamentada por un decreto presidencial.
Una fuente oficial, que no quiso revelar su nombre, calculó que el precio promedio ponderado que surgirá será cercano a los u$s 3,50 por millón de BTU.
En la reunión por Google Meets que tuvo más de 70 participantes, Kulfas, el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, y Affronti hablaron de 22 puntos centrales del proyecto y garantizaron a las distribuidoras que podrán trasladar por completo el costo del gas en pesos a los usuarios, sin generar ni pérdidas ni ganancias por esa transacción, tal como lo establece el marco normativo.
Las productoras de gas ofrecerán un bloque de 70 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) de gas durante los 365 días del año, mientras que cada año entre 2021 y 2024 se definirá un volumen adicional para los meses de invierno (junio-agosto).
Los precios de invierno tendrán un recargo de 30%, según detalló a El Cronista uno de los participantes del encuentro virtual sectorial.
Además, el Gobierno se compromete a garantizar que quede un excedente de 11 MMm3/d para exportaciones en modalidad firme durante ocho meses, entre el 15 de septiembre y el 15 de mayo de cada año.
A cambio, las petroleras deberán mantener o aumentar la producción de 2020. "Esto implica un volumen de inversión significativo, que tracciona los niveles de empleo", aseguran oficialmente.
Las productoras mirarán la letra chica. Generó incertidumbre en el sector que el Senado declarara inválido el artículo 7° del Decreto 1053/2018, por el que para no aplicar un desproporcionado aumento de las tarifas a los usuarios finales, se estatizó la deuda de $ 24.500 millones que tenían las distribuidoras con las petroleras por las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA) entre abril y septiembre de ese año, originadas en la furiosa devaluación del peso.
"El anuncio cayó muy bien. Se va a hacer una subasta como propuso el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), tras un trabajo que acercó la Asociación de Distribuidoras de Gas (Adigas)", comentó una fuente, en off the record.