Las provincias van a acudir hoy a la reunión que convoca el Gobierno de Alberto Fernández para poner en suspenso, por al menos un año, la baja de ingresos brutos y sellos que está prevista en el consenso fiscal que firmaron los gobernadores con el ex presidente Mauricio Macri en 2017.
En sí, lo que se busca desde el Ejecutivo Nacional es fortalecer a las provincias para que tengan la autonomía de fijar la estructura impositiva que consideren. El objetivo que persiguen es que más de 19 firmen la nueva adenda al pacto fiscal, que fue el número de la anterior, de 2018.
Por esta razón, a la 10.30 están convocados los ministros de Economías provinciales, para consensuar la letra chica de esta adenda, y luego, a las 11.30, los gobernadores la rubricarán, según está previsto.
La intención es darle cierto aire desde el punto de vista fiscal a las provincias de manera de que puedan recaudar a través de uno de los principales impuestos a nivel subnacional: en la mayoría, ingresos brutos es el que mayor peso tiene en las estructuras impositivas.
De el punto de vista político, desde el Frente de Todos se intenta conseguir apoyo en las negociaciones en el Congreso, con el inicio del tratamiento de temas clave para el Gobierno (ver parte).
Las provincias avanzaron en los últimos años en una mejor performance en el plano fiscal. Entre otras cuestiones, porque empezaron a recibir los recursos de la Anses que antes quedaban en Nación.
Pero aún así, la caída de la actividad implicó que los recursos mermaran y, para varios estados subnacionales, se estaba haciendo cuesta arriba avanzar con el proceso gradual de reducción de ingresos brutos y sellos.
De hecho, este fue uno de los puntos sobre el que se habló ayer en el encuentro que Alberto mantuvo con gobernadores radicales (ver aparte) y también fue un reclamo plasmado en las reuniones que el chaqueño Jorge Capitanich tuvo con el ministro del Interior, Wado de Pedro, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el viernes pasado.
De acuerdo al consenso fiscal que 23 provincias habían firmado en 2017 (todas menos San Luis, aunque luego tampoco La Pampa ratificó en su legislatura provincial el convenio), en 2018 se iniciaba con una baja gradual de ingresos brutos, de acuerdo a un esquema según el tipo de actividad.
El acuerdo fijó alícuotas máximas autorizadas para cada uno de los 5 años previstos en el consenso, hasta 2022, y llegaba a eliminar el cobro de este tributo en algunos sectores, como el agropecuario.
Por otra parte, había también una reducción de sellos, otro de los tributos de peso en las estructuras impositivas provinciales. No se podía incrementar el que se cobraban en las transferencias de inmuebles y autos y, para el resto, se iba comprimiendo hasta llegar a eliminarlo en 2022.
Para 2019, el plan original marcaba que iba a ser de 0,75% en sellos, pero luego en 2018 se frenó esta baja, por un año, por lo que con esta postergación implicaba que recién en 2023 se eliminaba.
"Esta adenda, que daba un permiso para frenar la baja de sellos que estaba pautada, firmaron 19 provincias", recordó Félix Piacentini, economista de NOAnomics.
"El consenso fiscal es como una ley convenio, por el compromiso entre las provincias y Nación. Para que entre en vigencia tiene que adherir cada legislatura. No la puede suspender Alberto de manera unilateral. Tiene que salir por ley", subrayó. El tema de fondo es que si no tiene fuerza de ley alguna persona que se vea perjudicada por esta la suspensión de la rebaja impositiva planeada podría demandar al Estado.
Recordó que en gran parte de las provincias existió un elevado incentivo a adherir al consenso fiscal en 2017: se expiraba la prórroga del que estaba vigente (que era uno de la década del 90) y, por ende, los reclamos judiciales tenían más chances de avanzar.
De acuerdo a un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, de lo firmado por las provincias sobre el consenso fiscal vigente, en general se cumplieron algunos de los puntos más generales pero en la reducción de las alícuotas de ingresos brutos, por actividad, se registra una elevada heterogeneidad entre las provincias.
"La mayoría de las provincias que adhirieron al consenso fiscal cumplieron con el compromiso de alícuotas máximas en las actividades primarias. Las excepciones (Chubut, San Juan y Santa Cruz) son provincias que muestran un incumplimiento generalizado del compromiso, que no se acota solamente a las actividades primarias, salvo en el caso de San Juan", detalla la OPC.
La situación se repite de manera parcial en el caso de la industria manufacturera, reconocen en la OPC: tanto Mendoza como Santa Fe exceden la alícuota máxima, pero sucede solo en casos puntuales.