El presidente Alberto Fernández definió ampliar las partidas de la administración pública nacional para áreas claves en la atención de la pandemia por más de $ 338.000 millones y modificó el Presupuesto prorrogado con el que se venía manejando el Gobierno, tras evitar un debate en el Congreso al respecto y haber definido continuar con el cálculo de ingresos y erogaciones del macrismo en su último año de gestión.
La definición presidencial, terminada de pulir durante el fin de semana junto con el ministro de Economía, Martín Guzmán, procura asegurar recursos para evitar una crisis social y económica de mayores magnitudes a causa de la recesión a la que se dirige el país a raíz de la pandemia de coronavirus, y cumplir con el objetivo de transferir hasta $ 1,7 billón a través de los diversos instrumentos diseñados durante la emergencia.
La modificación dispuesta con un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) también otorga facultades extraordinarias al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, para reorientar o aumentar partidas más allá del 5% del total del presupuesto, según estipula la Ley de Administración Financiera, para cubrir erogaciones dedicadas al combate de la pandemia.
Asimismo, el jefe de gabinete podrá reorientar los fondos reservados de las áreas de Inteligencia del Estado para cubrir "las políticas públicas nutricionales, educativas y de salud que resultan estratégicas para abordar la emergencia social y sanitaria".
Mirado por sectores, el ministerio de Trabajo contará con $ 267.000 millones extra para derivar en la ANSeS, en tanto Desarrollo Productivo sumará $ 37.000 millones; Salud, $ 19.000 millones; Obras Públicas, $ 10.000 millones; Desarrollo Social, $ 3500 millones; Seguridad y Defensa, $1100 millón cada uno, y la Cancillería, $ 200 millones. La ampliación también prevé un incremento en las partidas para poder atender los servicios de la deuda pública correspondientes a amortizaciones del ejercicio.
La ampliación se compensará en teoría con una suba de la recaudación prevista en el primer semestre del corriente ejercicio de $ 113.000 millones y a través de rentas de la propiedad, por $ 385.000 millones.
Continuidad en la ayuda estatal
El domingo, Cafiero confirmó que el Estado continuará asistiendo a las empresas en crisis con el pago de hasta el 50% del salario neto a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), en tanto los casi 8 millones de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) tendrán otro pago de $ 10.000 por este mes. A la vez, aquellos que aún no cobraron la primera cuota por demoras logísticas podrían recibir ambos pagos juntos.
En esa línea, continuarán disponibles los créditos a tasa subsidiada para que las empresas con caídas en su facturación puedan cubrir la parte restante de los salarios o bien financiar capital de trabajo, con avales otorgados por el Estado.
De igual modo, el Gobierno también evalúa prorrogar el DNU que a comienzos de abril prohibió por 60 días los despidos y extenderlo al menos hasta agosto. El presidente fue enfático en sus diálogos con diversos ministros para asegurarles que la situación general no da lugar a relajaciones y de allí la intención de preservar los contratos laborales.