El Gobierno nacional tiene toda la obra pública para 2019 bajo revisión. El acuerdo stand-byfirmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) establece un ajuste en este sector que, según un estudio realizado por el economista Ricardo Carciofi en el blog "Alquimias Económicas", supone un recorte de la inversión pública del Estado nacional de 50% por año en términos reales durante el trienio del acuerdo.
Aunque aún faltan números y el Gobierno está en plena negociación con las provincias para acordar el Presupuesto 2019 y esas negociaciones -como bien dejó en claro la diputada "Lilita" Carrió- incluye fondos para obra del Estado. La Secretaría de Participación Pública Privada (PPP) del Ministerio de Hacienda y Finanzas recibió la orden y está trabajando contra reloj analizando todos los proyectos existentes para estructurar la viabilidad de utilizar diferentes herramientas de financiamiento que saque las obras de las arcas del Tesoro Nacional y puedan ser ejecutadas dentro del modelo de PPP.
"Vamos a analizar todo, los contratos PPP bajo el mismo modelo que se utilizó en la licitación de Vialidad. La utilización de Bonos Proyectos una herramienta que acaba de lanzar la Comisión Nacional de Valores, la utilización de préstamos sindicados, financiamiento de organismos multilaterales y fondeo con bancos locales. Todo se analiza", explicó una alta fuente de la administración pública.
La intención del gobierno de Cambiemos es reducir la columna de gastos, y el FMI fue claro en este punto. Aunque no hubo recomendaciones respecto a la inversión en infraestructura, el Gobierno dejó en claro al Fondo que "continuaremos ejecutando los proyectos de obra pública esenciales para la competitividad de nuestro país, pero pospondremos aquellos que no lo sean".
En diez subastas de Chrisities y Sothebys, la semana pasada se recaudaron u$s 170 millones por muebles, objetos, dibujos, pinturas y esculturas realizadas hace más de 100 años
En este contexto, los contratos como los de la hidroeléctrica Chihuido en Neuquén por u$s 2200 millones y en donde el Estado tenía que aportar solo $ 9000 millones en cinco años, entra directo en la columna de gastos y podría quedar descartado.
La medida de análisis se encuadra en el recorte de casi $ 300.000 millones que aseguran que traerá el próximo presupuesto nacional, lo que representaría casi la totalidad de la obra pública si se tiene en cuenta que el ajuste de $ 30.000 millones para el sector representó el 15% de la totalidad presupuestada.
"La intención es que los riesgos los tome el privado y no que seamos un Estado bobo", explican desde el Ejecutivo para justificar el pase de todo a PPP.
El problema son los plazos. El memo con el FMI señala que "los PPP serán tratados como adquisiciones públicas tradicionales y las obligaciones del Gobierno se registrarán de forma transparente en las cuentas fiscales y se medirán como parte del déficit a medida que se produzcan". El punto a favor es que el acuerdo con el Fondo es por tres años y los plazos para que el Estado empiece a pagar son más extensos que los tres años
Mientras tanto, ayer se venció el plazo para que se presenten las impugnaciones de los ganadores de los PPP viales licitados y ya empezó a correr los tiempos para que los consorcios entreguen las garantías. El corredor vial A fue adjudicado al consorcio Paolini, Vial Agro, INC; el corredor vial B al consorcio: China Construction America, Green SA.; el corredor vial C a José Cartellone Construcciones Civiles SA.; el corredor E y F al consorcio: Helport, Panedile, Eleprint, Copasa; y el corredor vial Sur al consorcio conformado por Rovella Carranza, JCR SA, Mota Engil.