El Gobierno negociará con el sector petrolero un esquema de "barril criollo" y retenciones móviles al crudo para sostener la producción y el empleo en las provincias, en medio del parate económico por el Covid-19 (coronavirus).
Además, aumentará el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) por primera vez desde que asumió Alberto Fernández en diciembre, ya que ese tributo se había postergado en tres ocasiones.
El incremento desde el miércoles 1° de abril sería por el total pendiente, que es de $ 3,17 por litro en las naftas y $ 1,98 por litro en el gasoil, pero que de ninguna manera impactará en el precio final de los combustibles al público, ya que esta suba será enteramente absorbida por las refinadoras. De otra forma, hubiera implicado un alza de casi 6% en las naftas y de 4% en el gasoil.
Este reacomodamiento impositivo aprovecha la fenomenal baja del petróleo crudo en el mundo a lo largo de este mes. El Brent, que se negocia a futuro en Londres y es la referencia para la Argentina, descendió de los u$s 50 a menos de u$s 25 por barril.
La semana pasada, los ministros de Economía y de Energía de las provincias petroleras reunidos en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) le habían pedido a Nación que se aplique un precio sostén de u$s 54 por barril. Es que estas provincias calculan una disminución de sus regalías a un ritmo de $ 3800 millones por mes.
En cambio, el Gobierno se volcaría por otorgar un sostén más cercano a los u$s 44 o u$s 45, menos que los u$s 52 netos de retenciones que percibieron las productoras no integradas de petróleo (como Shell, Vista Oil & Gas, Pluspetrol y Tecpetrol, entre otras).
Fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo aseguraron que el ministro Matías Kulfas está hablando con las provincias, los trabajadores, las empresas petroleras y los proveedores de insumos y servicios para encaminar la crisis del sector, que llevó a que las cámaras patronales empezaran a pedir ser incluidas en un Procedimiento Preventivo de Crisis.
Kulfas está llevando adelante una negociación con todos los actores para fijar un "barril criollo" y busca "encontrar un equilibrio, un punto intermedio" entre la solicitud de las provincias y la de las productoras y las refinadoras.
El barril criollo es una transferencia de ingresos de los bolsillos de los consumidores hacia las cuentas de las petroleras, que serviría para que continúen las inversiones en un sector crítico que podría colaborar en la recuperación de la actividad con Vaca Muerta como joya y también para que los trabajadores petroleros -y toda la cadena hacia arriba- mantengan su empleo, cuando estaban en riesgo miles de puestos aún antes de la crisis del coronavirus.
En este mecanismo, el Estado no transfiere ingresos vía subsidios. Un esquema similar se aplicó en la Argentina entre 2015 y 2016, entre el último año de Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el primero de Mauricio Macri, cuando el precio internacional del petróleo se desplomó.
Luego, durante todo 2017 se implementó una convergencia para que el precio local reflejara también los valores internacionales y se liberó el mercado en octubre de ese año.
Debido al barril criollo, las petroleras en su conjunto ganaron unos u$s 9900 millones. Pero mientras los precios internos estuvieron por debajo de los que regían en el mundo, entre 2004 y 2014, perdieron más de u$s 52.000 millones, según un estudio que presentó el ex secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.
A partir de abril de 2018, desde que se desató una profunda devaluación del peso, las petroleras perdieron más de u$s 1600 millones por no aumentar los combustibles al ritmo de la depreciación de la moneda nacional.
En cuanto a las retenciones, serán variables y vinculadas al precio internacional del crudo, lo que permite "amortiguar las variaciones extraordinarias por motivos exógenos al mercado".
Aunque no está definido, se iría a un esquema de retenciones al 0% con estos precios internacionales, con números crecientes si el barril recupera los u$s 45 por barril.
Hasta ahora, la retención que se aplica es del 12%, ya que el Gobierno nunca reglamentó el artículo de la Ley de Solidaridad que permite una baja al 8%.