Alineado con el objetivo del Gobierno de reactivar el consumo, la semana pasada, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó una serie de medidas que pueden poner de cabeza al sistema financiero. Entre ellas se encuentra la decisión de la autoridad monetaria de prohibir los débitos automáticos en cuenta, algo que podría poner en jaque el corazón del negocio de las financieras no bancarias, que reaccionaron con desconcierto ante de la medida.
Por medio de la comunicación A 6909, el BCRA dispuso prohibir el uso del débito directo interbancario (es decir, débitos en cuenta que provienen de una entidad diferente a la que el cliente tiene abierta la cuenta) y el débito inmediato (DEBIN) recurrente para el cobro de cualquier concepto vinculado a préstamos.
El Banco Central aclaró que esta medida sólo estará vigente para los préstamos que se originen de ahora en más y que afectará exclusivamente a entidades no bancarias, las más relacionadas con los préstamos al consumo.
Estas financieras, que en los últimos años también adquirieron forma de "fintech", se pusieron en alerta ya que, dicen, que la prohibición de la herramienta de cobro automático no sólo pone en riesgo su negocio, si no también su capacidad prestable.
A diferencia de otras oportunidades en las que el Banco Central intruduce una norma que modifica la operatoria financiera, esta vez las compañías afectadas no fueron advertidas sobre este futuro cambio y mucho menos consultadas.
El jueves pasado, luego de que se conociera la decisión de la autoridad monetaria, tanto la Cámara Argentina de Fintech como ABE (Asociación de Banca Especializada), que nuclea a las entidades especializadas en el crédito al consumo solicitaron una reunión con las altas esferas del Banco Central, que aún no logra concretarse porque tanto el presidente del organismo, Miguel Ángel Pesce, como su gerente general, Agustín Torcassi están fuera de la ciudad.
Una medida con trasfondo político
La medida, que en una rápida lectura podría interpretarse como parte de una ofensiva del BCRA sobre la industria fintech, tiene un trasfondo político importante.
Es que en las gobernaciones de las provincias más vulnerables se sintió el reclamo por el sobre endeudamiento de sus ciudadanos. La idea es que las ayudas que está impulsando el Gobierno para "ponerle dinero en el bolsillo a la gente", se vuelquen efectivamente en la calle y se puedan sentir en una mejora de la capacidad de compra de esos hogares y no que se terminen utilizando para pagar deudas adquiridas en los últimos meses.
Si bien reconoció la fragilidad de ciertos sectores de la sociedad, especialmente en el interior del país, una fuente del sector financiero afirmó que "por hacer el bien a un sector se va a terminar perjudicando a todos".
La misma persona admitió que hay jugadores de la industria de préstamos no bancarios que "cobran tasas desproporcionadas" o "tienen prácticas poco transparentes" a la hora de cobrar las cuotas, pero señaló también que "una medida tan restrictiva afecta la liquidez del negocio, que se va a contraer, lo que es negativo especialmente para los sectores que de otra forma no tienen ningún tipo de acceso al crédito".
Temor por el nivel de mora
Las alertas están puestas sobre todo en el nivel de mora, que pese a la crisis, se mantuvo hasta ahora en "niveles controlables" dentro de cada una de estas empresas.
Pero como el Banco Central habilitó a los usuarios de cuentas bancarias a rechazar los débitos automáticos de otros servicios o impuestos y a solicitar a las entidades el reintegro de ese dinero en las cuentas, también puede crecer el endeudamiento de las familias con otras empresas de servicios, tanto públicos como privados.
Una nueva suba en la morosidad se traduciría en menores montos otorgados a ciertos sectores sociales, una mayor tasa de interés o una combinación de ambos factores.