El Senado se apresta a sancionar este viernes la denominada Ley de Góndolas, que busca fomentar la competencia en las bocas de expendio y evitar los abusos de posición dominante. Se trata de una de las herramientas que el Gobierno aspira a poner en marcha en el corto plazo para contener la inflación. Desde la principal bancada opositora intentarán introducirle modificaciones al proyecto oficial que despertó críticas desde la industria dedicada al consumo masivo y los supermercados.
En la previa al discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, el oficialismo da por descontado que, en la que será la última sesión dentro del período extraordinario, sancionará la Ley de Góndolas. Una vez promulgada por el Ejecutivo, las bocas de expendio tendrán 60 días para hacer las modificaciones necesarias e implementar la norma.
La iniciativa, que había sido aprobada en Diputados en noviembre pasado establece, entre otros puntos, que en las cadenas de supermercados o hipermercados que cuenten con más de 50 bocas de expendio en el territorio nacional, ninguna marca individual o marcas de una misma empresa o grupo económico podrá disponer de más del 40% del espacio de góndola destinado a esa categoría en el primer año de vigencia del programa y del 30% a partir del segundo año. La Secretaría de Comercio podrá elevar los topes a 50% y 40%, respectivamente, para las bocas de expendio de menor cantidad de metros cuadrados.
Desde la bancada que lidera el formoseño Luis Naidenoff, Juntos por el Cambio, ya anticiparon la semana pasada, durante su tratamiento en comisión, que, más allá de que acompañarán la medida, intentarán introducirle una serie de modificaciones.
Es que, según argumentaron, la letra chica de la iniciativa contiene una serie de "elementos" que podrían impulsar amparos y dejar sin efecto la medida. Es por eso que intentarán introducirle una serie de correcciones porque, así como está, "la aplicación es imposible", aseguraron. Aunque aclararon: "Somos los primeros que queremos que esta ley salga".
Las chances de que estas correcciones prosperen son casi nulas. Es que el Frente de Todos cuenta con los números suficientes para sancionar la ley tal como fue aprobada en Diputados. Pero, además, en caso de que se le introduzcan modificaciones al proyecto, el texto debería volver a la Cámara baja, lo que demoraría su sanción.
La iniciativa, que establece una serie de condiciones en la relación entre los proveedores y los establecimientos de ventas minoristas para bajar los costos, fue fuertemente criticada por supermercadistas y la industria orientada al consumo masivo.
Por caso, desde la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), en más de una oportunidad advirtieron que la ley va en contra de la competencia entre empresas y de la ampliación de oferta que dice fomentar. Además, insisten con que para combatir la concentración están las leyes de Defensa del Consumidor, de la Competencia y de Lealtad Comercial.