En más de una oportunidad el ministro de Economía, Martín Guzmán, mencionó la necesidad de volver a hacer sostenible la deuda pública argentina. Los datos oficiales, actualizados al tercer trimestre de 2019, muestran que el peso que representa para el país es de 91,6% del PBI, lo que evidencia también cuál es la capacidad de pago.
Y este no es el único indicador que manifiesta lo compleja de la situación argentina: también cuando se analizan los intereses sobre la recaudación, $ 3 de cada $ 10 de ingresos tributarios cubren estos pagos.
Aún sin conocer la oferta que el Estado va a hacer a los acreedores para reestructurar la deuda, no todas las posibilidades que se evalúan desde el mercado implican una reducción del peso de las obligaciones hacia adelante: sólo en una opción más agresiva disminuye esta relación cuando baja unos 17 puntos, según un estudio privado.
En la consultora LCG evaluaron cuatro escenarios en los que asumieron que la oferta incluirá una extensión de plazos, alivio financiero en los dos primeros años pagando los servicios de la deuda con la emisión de bonos valuados a la par, y quita explícita del capital o de los cupones.
Así, englobaron en la primera opción, más "amigable", una extensión de plazos por 5 años en los que durante los primeros 2 los servicios se pagan con bonos valuados a la par.
En la segunda, que la llaman "quita principal", le añaden al combo anterior precisamente un "haircut" de un 30% en el principal.
En la tercera, en vez de incorporar esta quita, le añade al esquema inicial un 50% de quita de cupón. Por último, la versión más "agresiva" de reestructuración describe que sería de 8 años de extensión de plazos, que también durante los primeros 2 años los servicios se pagan con bonos valuados a la par y un 50% de quita de principal.
Para todos estos casos asumen que el gobierno, además, buscará dejar de lado el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional para pasar a un Programa de Facilidades Extendidas, con el que los plazos se extenderían de 4 a 10 años, a una tasa del 4% anual (frente a un costo del 2% actual).
Desde una situación inicial, que según cálculo de esta consultora la deuda en 2019 estaría en torno a 84,5% del PBI, sólo con la extensión de plazos de 8 años y un 50% de quita de capital (el escenario agresivo) el peso de las obligaciones disminuye a 67,4% del producto.
En cambio, el escenario de quita de cupones luce atractivo en términos de facilidad de negociación, pero eleva el ratio deuda a PBI debido a que asumen que durante el período de gracia se capitalizan los servicios pagando con nueva deuda a la par. De esta manera, en esta opción la deuda sube a 88,2% del PBI, casi 4 puntos porcentuales por arriba que la situación inicial.
Si la opción elegida fuera la de la extensión por 5 años en los plazos y una quita del 30% del capital la sostenibilidad de la deuda mejora, aunque menos que en el escenario más agresivo: disminuye en 7 puntos porcentuales, a en torno a 77,3%.
En búsqueda de la opción intermedia
Dentro de los escenarios que desarrollaron en LCG para la deuda el que creen que sería más probable es uno de los intermedios: es decir, que implique un estiramiento de plazos sumado a una quita del capital o de los cupones.
"La opción de una reestructuración que llamamos ´amigable´ es poco probable porque no representa un beneficio en términos de sostenibilidad de la deuda", reconocen, mientras que el escenario "agresivo" evalúan que tiene "mucha chance de litigiosidad y no es lo buscado, al menos por ahora, por las autoridades argentinas".
En este punto, si bien la quita de capital podría resultar más agresiva en términos de negociación, es lo único que podría mejorar los indicadores de solvencia de Argentina, reconocen. Además, sostienen que tanto en un escenario de quita de capital del 30% como de rebaja en los cupones del 50%, los bonos cortos lucen como los más probables de tener un upside.
En cualquiera de los escenarios intermedios (quita de capital o de intereses) se despejarían los servicios de la deuda por los próximos años: de u$s 181.000 millones a u$s 85,7 millones en el escenario de quita de capital o a u$s 73.600 millones en el de quita de cupones.
"Esperamos que haya voluntad por parte de los bonistas para obtener una solución ordenada, porque si la situación termina siendo desordenada se perjudican todas las partes", defendió Guzmán el martes pasado, día de presentación del proyecto de Ley de Sostenibilidad de la Deuda, que el Gobierno intentará esta semana que tenga sanción en Diputados.