El Gobierno de Alberto Fernández avanzó en los primeros 25 días de gestión con diversos aspectos que hacen a la política económica. El principal, que marcó los lineamientos más significativos, fue la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva aprobada en el Congreso.
Con esta ley ómnibus la gestión de Frente de Todos apuesta a frenar la caída de la economía y sentar las bases para su programa macroeconómico. No obstante, no existe consenso acerca del efecto que provocará en la actividad: mientras que algunos economistas vaticinan que impulsará el consumo (y, en esa línea, ayudará a compensar la contracción del PBI por tercer año consecutivo), en la vereda de enfrente están los que ven que, al incrementar los impuestos más que estimular el gasto, habrá un efecto contractivo.
"El programa en general es contractivo, desde el lado fiscal claramente lo es. Se está sacando más recursos de los que se está poniendo", razonó Fausto Spotorno, de Orlando J. Ferreres y Asociados.
No obstante, dijo que si bien va a haber un incremento del gasto, no se sabe en cuánto lo hará. "No estamos tan seguros de cuánto se va a estimular el consumo, cuánto se van a pagar de subsidios de tarifas de servicios públicos, cuánto va a haber de jubilaciones en marzo y en junio, por ejemplo", mencionó.
También para Melisa Sala, economista jefe de LCG, el paquete resultó más recesivo que lo que imaginaban en un principio. "Por ahora no hay demasiado aliciente para el consumo más allá de los bonos a jubilados y beneficiarios de las suspensión de los ajustes a los créditos UVA, reintegro de IVA, por citar algunos", mencionó. Y señaló que el estímulo que se da por un lado se saca por el otro. "No creo que la propensión marginal a consumir de los jubilados de la mínima diste mucho de los no mínima más bajos que no van a tener ajuste. Y aun así, ese efecto es de una sola vez", mencionó.
En el informe que elaboró en LCG marcan que las medidas hasta el momento tienen un claro sesgo contractivo. "Con suba de impuestos internos, bienes personales, el impuesto PAIS y suspensión de la ley de movilidad por 6 meses, la economía no recibirá un shock de demanda", aseguran.
El ministro de Economía Martín Guzmán sostuvo días atrás que "la ley contiene un conjunto de medidas que son clave para poder implementar un programa macroeconómico y proteger a los argentinos en condiciones de vulnerabilidad". Según mencionó, "el país vive una crisis bien profunda, es una situación muy dramática y lo que hay que hacer es frenar la caída".
Tanto para Matías Rajnerman de Ecolatina como Juan Ignacio Paolicchi de EcoGo va a tener un efecto positivo. "Es difícil de estimar el impacto en la actividad. Lo que sí se sabe de manera cualitativa es que es una suba de impuestos que ataca un sector o a varios con propensión marginal a consumir más baja, pero se beneficia a otros que tienen mayor propensión marginal a consumir, tendería a ser positivo desde el punto de vista del consumo", describió Paolicchi.
Sin embargo, esta mejora no alcanzaría para impulsar la actividad pero sí compensa parte de lo perdido en 2019. De todos modos en EcoGo modificaron su previsión para el PBI en 2020: de un 2% de caída lo redujeron a 1,6%, pero es porque el dato de la actividad de octubre del Indec fue mejor al esperado.
Rajnerman coincidió y dijo que "el año es probable que termine en rojo, aún cuando el paquete tenga efecto expansivo". Y agregó que "es novedoso que un paquete que mejora las cuentas públicas tenga un efecto expansivo. Tiene que ver con un endurecimiento muy grande en los sectores de mayor poder adquisitivo".