En seis meses completos de 2020, el Gobierno lleva destinados a programas de asistencia social casi $ 600.000 millones, el equivalente a 1,7% del PBI total. Así lo confirma un relevamiento exhaustivo que hizo El Cronista, sustentado por datos del Ministerio de Trabajo, de la ANSeS, del Ministerio de Desarrollo Social y del presupuesto nacional, y que tiene en cuenta toda la inversión oficial en el sector durante el primer semestre, a través de los diferentes programas y partidas referidas a ayuda social.
El paquete de asistencia que lleva adelante el gobierno de Alberto Fernández ha sido un punto que desde el Ejecutivo se ha resaltado desde el primer momento de la gestión, el 10 de diciembre de 2019. A partir de una serie de iniciativas puntuales en el área de Desarrollo Social y para cajas estratégicas como las vinculadas a seguridad social, el gasto se incrementó fuertemente aun en la previa de la cuarentena que se inició el 20 de marzo debido a la irrupción del coronavirus en el país.
El buque insignia de todos los planes que creó el Gobierno para combatir la pandemia fue el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que ya lleva dos entregas consecutivas y tiene confirmado un tercer pago de $ 10.000 en el mes que comienza hoy para los 8,9 millones de beneficiarios -según el último dato de junio que confirmó ANSeS- que lo han recibido. Según se desprende del último informe presentado por el jefe de Gabinete Santiago Cafiero ante el Senado de la Nación, el gasto total en IFE a la fecha asciende a $ 172.000 millones.
Con la posibilidad de que lo que hoy es un bono se extienda en el tiempo a un universo mucho más reducido, de unos cuatro millones de personas, el IFE, no obstante, no representa la mayor erogación en materia de asistencia social que surge desde el Estado. De acuerdo a datos del sitio oficial Presupuesto Abierto, desde ANSeS, bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, se giraron en estos primeros seis meses $ 187.656 millones en concepto total de asignaciones, entre las cuales se incluye, por ejemplo, la Asiganción Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo. El presupuesto total para ese sector es $ 275.190 millones: en seis meses ya se ejecutó el 68% de la partida.
En materia de pensiones no contributivas también el envío de los fondos va acelerado y equivale al 67% del total de los fondos del programa: $ 35.939 millones sobre un plan de $ 53.482 millones. En prestaciones previsionales, por su parte, el gasto asciende a $ 27.147 millones, en fondos enviados a ex combatientes se erogaron $ 7514 millones y en pensiones para adultos mayores se giraron, a la fecha, $ 13.780 millones.
Desarrollo Social, que encabeza Daniel Arroyo, también viene siendo un área estratégica en cuanto al uso de fondos para los sectores más vulnerables. Con planes lanzados desde apenas iniciada la gestión, como la Tarjeta Alimentar, la previsión original de presupuesto para todo el ministerio, estipulaba fondos por $ 93.000 millones, que luego, a partir de la reasignación de partidas, trepó a $ 149.000 millones. En lo que va del año, apenas seis meses, ya se gastaron $ 102.000 millones, casi un 110% de lo previsto para todo 2020.
El programa de Políticas Alimentarias es al que más dinero se le inyecta: $ 60.607 millones, es decir, un 40% del combo global. En ese apartado se incluye la entrega de Tarjetas Alimentar, que son 1,5 millones en todo el país y que representan fondos mensuales por $ 7600 millones. En abril, según el caso, se depositó un refuerzo de $ 4000 o $ 6000, lo que implicó un número global, ese mes, de $ 15.200 millones.
En atención a comedores, en tanto, desde el 1° de enero a la fecha, se transfirieron fondos por $ 1770 millones para la compra descentralizada de alimentos: de ese total, $ 800 millones se giraron especìficamente durante la pandemia. El bono plan Potenciar Trabajo, de $ 3000 y para 345.000 beneficiarios que no ingresaron al IFE, significó en dos meses una inyección de $ 2070 millones.
Así, el global de fondos destinados desde las principales jurisdicciones oficiales a asistencia social alcanza los $ 587.000 millones, cifra que se irá extendiendo durante el segundo semestre, en un contexto de cuarentena o en la pospandemia, teniendo en cuenta el plan del Gobierno de prorrogar diferentes tipos de programas que aseguren la situación social de los más vulnerables. El primer semestre, no obstante, deja evidenciado un fuerte incremento en el gasto social que, sin contar aportes económicos a las provincias o el programa ATP de ayuda a las empresas, dos cajas también potentes, asciende a 1,7% del PBI.