En un solo anuncio, el Gobierno de Javier Milei tocó dos nervios sensibles para el Grupo Clarín.
Por un lado, anticipó la eliminación de la exención de impuesto al valor agregado (IVA) con la que cuentan los diarios, revistas y publicaciones periódicas, tanto en ediciones impresas como digitales.
Y, por otro, dentro de un paquete más amplio de medidas en materia de telecomunicaciones, aludió a una deuda de más de $ 3000 millones por parte de Telefónica y Telecom, y a la que, según dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), hizo la vista gorda.
La mayoría de Telecom es de CV Holding, sociedad que tiene entre sus accionistas a los mismos integrantes de la controlante de Clarín. Entre ellos, su CEO, Héctor Magnetto.
Adorni informó que el Gobierno hizo una auditoría sobre el Enacom, de la cual se supo que "Telecom y Telefónica debían más de $ 3000 millones en conceptos de aportes de inversión".
"Este trabajo dejó en evidencia que el Enacom omitió intimar a las empresas, falló en el control e incurrió en una demora en la resolución de recursos interpuestos por las empresas", añadió el portavoz.
Telecom contestó con un comunicado, al que tituló: "Telecom Argentina cumple con todas sus obligaciones regulatorias y legales".
"Telecom cumple y ha cumplido siempre con todas sus obligaciones regulatorias, incluidas las relativas al Servicio Universal, efectuando aportes millonarios que la convierten en el principal aportante a dicho fondo. Sólo en lo que va del año 2024, Telecom lleva aportados más de $ 12.000 millones", explicó la empresa.
"Respecto a la referencia a una deuda de $ 3000 millones al Fondo de Servicio Universal, Telecom ha ejercido en sede administrativa las defensas correspondientes, por entender que ha realizado prestaciones por encima de sus obligaciones regulatorias", afirmó.
"Telecom ha sido auditada anualmente respecto de la composición e información contenidas en las declaraciones juradas presentadas ante la autoridad competente y todas las intimaciones recibidas han sido respondidas siempre en tiempo y forma", agregó.
El comunicado precisó que Telecom tiene 20.000 empleados directos en el país y más de 30 millones de clientes. Entre 2017 y 2023, añadió sus inversiones superaron los u$s 6000 millones, principalmente, orientadas al fortalecimiento de su red fija móvil (la más extensa del país) y a potenciar sus servicios digitales.
"Las inversiones se focalizan en el despliegue de FTTH para la red fija, así como en continuar ampliando la cobertura de nuestra red móvil 4G, que hoy tiene una cobertura del 98% de la población y es la red de Internet móvil más rápida del país, sgún Ookla, y los primeros sitios 5G", completó.
No es el primer cortocircuito con el Gobierno. En marzo, durante un discurso, Milei aseguró que el tratamiento de los medios de Clarín (el diario, Radio Mitre, TN y Canal 13) obedecía a una represalia por haber facilitado el ingreso a la Argentina de Starlink, la operadora de Internet satelital de Elon Musk. Según el Presidente, una amenaza al posicionamiento de Telecom, cuyo servicio de Internet tiene más de 3 millones de abonados.
En sentido contrario, en abril, Milei firmó el DNU 302/2024, que que derogó explícitamente el decreto 690 de 2020, con el que Alberto Fernández había declarado a la prestación de Internet, telefonía celular y TV paga como servicios esenciales y, en consecuencia, con tarifas reguladas por el Estado.
En los hechos, ese DNU de Alberto no se aplicó, ya que Telecom -y, después, otros operadores- batallaron legalmente contra esa norma durante cuatro años. Semanas atrás, el Gobierno de Milei desistió de apelar un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que le había dado la estocada final.
Los anuncios de Adorni: más frecuencias para 4G
Además de anunciar la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Adorni informó que se pondrán a disposición los 100 megahertz (Mh) de espectro que el Estado le reservó a la empresa pública Arsat para comunicaciones móviles y que, actualmente, no están en uso. También se licitarán los 50 Mh que están en manos del Enacom.
En ambos casos, se los destinará para los servicios de 5G, con el objetivo de "alentar mayor competencia en las empresas del sector" e ir hacia un "mejor servicio y menor precio", señaló el vocero presidencial.
De esta forma, el Estado licitará esas frecuencias entre operadores privados.
Hace un año, el gobierno de Fernández, ya con Sergio Massa como Ministro de Economía y candidato presidencial, había concretado la subasta de las bandas de frecuencias para el despliegue, desarrollo y prestación del 5G. Recaudó u$s 875 millones.
Además, entre estos anuncios, Adorni también anticipó que se derogará la resolución 1491, que implicaba la obligación de incluir señales de carácter informativo en la grilla de las operadoras de televisión por cable.
"El Estado Nacional relevará todos los contratos existentes en materia de telecomunicaciones para analizar su cumplimiento, y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia iniciará investigaciones para analizar si existen conductas anticompetitivas en la industria", enfatizó.