Las prepagas preparan aumentos en las coberturas para todos los meses de 2024 tras la formalización de la desregulación de la salud, que se hará oficial en las próximas horas. Para marzo ya informaron subas en las cuotas que llegan al 25% y para abril proyectan un porcentaje similar, en algunos casos de unos puntos menos. En tanto, para las siguientes facturaciones prevén incrementos en línea con la inflación proyectada.
Luego de la actualización arancelaria comunicada para marzo, el sector asegura que aún sigue retrasado. Según fuentes de la Unión Argentina de Salud (UAS), todavía queda por recuperar al menos un 40% del atraso de 2023 producto de la aceleración de los costos -insumos y honorarios profesionales- y los precios regulados en los planes, que provocaron que los aumentos a los afiliados no fueran suficientes, argumentan.
"Desde 2011 hasta 2023, los incrementos se debían estipular en función de la estructura de costos de cada financiador. Pero, en la práctica, Salud definía para todas las entidades el mismo porcentaje", explicó una fuente vinculada al rubro sobre el mecanismo de aumentos que rigió hasta diciembre.
Así, las entidades intentan recuperar los puntos perdidos en el último año, cuando las cuotas aumentaron por debajo de los insumos y los salarios. Hacen hincapié en el desfasaje: en 2023, las prepagas aumentaron un 137% contra un 211,4% de inflación. Y si se tiene en cuenta al periodo 2012-2023, fue un 11.000% versus 7000%, esgrimen.
A eso, se suma la inflación de los dos primeros meses del año: el IPC de enero registró un 20,6%, reportó el Indec el miércoles pasado, mientras que los analistas esperan que febrero termine con una cifra menor. En ese sentido, la industria estima que llevará aproximadamente entre un año y un año y medio alcanzar el punto de equilibrio.
Los aumentos de los dos primeros meses de 2024 fueron dispares. Mientras que en enero hubo incrementos cercanos al 40%, en febrero llegaron al 36% y se cobraron retroactivos. De esa manera, los asociados recibieron subas en la facturación de más del 75% sobre los importes de diciembre en solo dos meses. Y con el incremento de marzo, el acumulado superará el 100%.
Libre competencia entre prepagas por la derivación de aportes
Además del factor inflacionario, también influye en la decisión de aplicar incrementos mensuales que, bajo el nuevo esquema, las prepagas deberán destinar un 20% de la recaudación al Fondo Solidario de Redistribución, utilizado para cubrir prácticas y tratamientos médicos de alto costo.
Tal como adelantó el Gobierno, en las próximas horas se publicará en el Boletín Oficial la reglamentación dispuesta en el mega decreto 70/2023, que habilitará, desde abril, a trabajadores a derivar sus aportes salariales a una prepaga sin intermediación de una obra social.
El DNU firmado por Javier Milei a días de asumir la presidencia dispuso la incorporación de las entidades de medicina prepaga al régimen de la ley 23.660 de obras sociales, lo que las habilita a recibir aportes del sistema de la seguridad social. Sin embargo, a casi dos meses de su publicación, hasta ahora no se implementó la medida. En rigor, las prepagas deben adherirse al sistema si quieren captar los aportes de manera directa, ya que la normativa refiere a que tienen que anotarse en un registro especial.
En este esquema de desregulación y libre competencia, las prepagas seguirán fijando los precios de sus planes y los aumentos, como ocurrió en los dos primeros meses de 2024. Y quienes deriven de forma directa los aportes deberán pagar el diferencial entre el costo de la cobertura y el monto que le llega a la entidad por las contribuciones. Además, quienes inicien una relación laboral ya no deberán mantenerse por un año en la entidad sindical de la actividad correspondiente, sino que desde el primer momento podrán elegir.
La libre opción entre obras sociales fue dispuesta durante el gobierno de Carlos Menem, hasta que en 1998 un decreto estableció la obligatoriedad de permanecer, al menos, un año desde el inicio de la relación laboral en la obra social de la actividad vinculada al empleo. En 2001, una medida del Poder Ejecutivo amplió el derecho a la opción y quitó ese requisito de permanencia inicial. Pero en 2021, el expresidente Alberto Fernández lo repuso.
No obstante, esto se dio sin competencia directa entre prepagas, que captan los aportes de los trabajadores a través de contratos firmados con obras sociales, lo que sostienen agrega costos al sistema sin contribuir con más o mejores prestaciones para los usuarios.