Tras la moratoria pyme, la AFIP ya trabaja en un plan de pagos para grandes empresas

Lo anticipó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Sumado a la moratoria para pymes, autónomos y monotributistas anunciada ayer, el Gobierno busca así aliviar la situación del sector productivo.

Sin medias tintas, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, señaló ayer en la sala de conferencias de la Casa Rosada que el objetivo es recuperar la economía y salir de esta situación recesiva, y en este sentido, "buscamos sacarle el pie del pecho y darles un verdadero desahogo a las pymes". Fue la forma que encontró para graficar el complejo momento que atraviesa la economía real desde hace casi dos años.

"No podemos seguir perdiendo 48 pymes por día", enfatizó Kulfas. Según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, entre 2015 y 2019 cerraron 240.505 empresas.

A su lado estaba la Administradora Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, quien se encargó de dar los detalles del Plan Moratoria 2020, un conjunto de beneficios impositivos para micro, pequeñas y medianas empresas, monotributistas, autónomos, cooperativas e incluso clubes de barrio.

El Gobierno justifica la moratoria en dos razones centrales. Por un lado, el monto de la deuda acumulada con la AFIP, que supera los $ 400 mil millones, que "representan un 80% de todo el crédito comercial, descuentos y adelantos del sistema financiero en Argentina", estimó Marcó del Pont. El 36% corresponde a deudas por IVA, otro 36% de la seguridad social, y el 22% de Ganancias.

En paralelo, agregó que "no puede entenderse la situación de enorme deuda que tiene el sector productivo con la AFIP si no se lo enmarca en un contexto de cuatro años de virtual inexistencia de crédito productivo". Pero lo más alarmante es la gran cantidad de empresas que se encuentran con problemas con el fisco.

Según precisó la titular del organismo recaudador, más de un millón de contribuyentes podrán acogerse a esta moratoria, que sin embargo, "cubren más o menos el 70% del universo de deuda" con la AFIP.

Para el 30% restante, en cabeza de grandes empresas, Marcó del Pont anticipó que "se está trabajando en un plan de pagos, sin quita de intereses "pero que generará instrumentos para dar alivio financiero a las grandes empresas". En las próximas semanas habrá novedades en este sentido.

En concreto, la moratoria permitirá una quita promedio del 42%, sin multas y con condonación parcial de intereses. Las empresas deberán contar con el Certificado Mipyme, que otorga el Ministerio de Desarrollo Productivo, y podrán computarse deudas hasta el 30 de noviembre pasado.

La inscripción podrá hacerse a través del sitio web de la AFIP a partir del 17 de febrero, y hasta el 30 de abril, mientras que el primer pago deberá efectivizarse el 17 de julio. Podrá incorporarse deuda antigua y con planes vigentes, y habrá una ventana de hasta seis meses antes del primer pago, con "beneficios mayores a los que entren antes", dijeron fuentes gubernamentales.

El plan prevé hasta 120 cuotas para obligaciones tributarias y aduaneras, y 60 cuotas para deudas previsionales (aportes y retenciones). Quienes adhieran al plan deberán pagar una tasa de interés fija del 3% el primer año, y variable (Badlar de bancos privados) a partir del segundo.

Y hay otros dos datos relevantes en esta moratoria pyme. Por un lado, se suspendieron los embargos y acciones penales, y se permite utilizar todas las devoluciones aprobadas por AFIP y pendientes de pago (deducciones por IVA y reintegro de exportaciones).

Cuesta como un departamento, se vive como un departamento, pero no es un departamento: así es el lujoso motorhome (cordobés) que arranca de US$ 60.000

(Por Juliana Pino) Si de turismo y aventura se trata, Gibertcar tiene la solución: motorhomes que combinan funcionalidad y lujo. Desde su inicio en 1985, esta empresa familiar se adaptó a las necesidades del mercado ofreciendo modelos personalizados y de serie. Sus precios arrancan en US$ 60.000 y, dependiendo de los accesorios, pueden superar los US$ 80.000.

Córdoba, un paso adelante en la industria textil: llega la Mimaki Tiger 600-1800 TS, la sublimadora más rápida del país (solo hay dos)

(Por Rocío Vexenat) Dxprint es cordobesa y la única empresa de la provincia especializada en la comercialización de equipos de sublimación textil. Acaba de presentar su último “bicho”; la impresora Mimaki Tiger 600-1800 TS, un equipo que cuesta unos 145.000 dólares (más IVA) que puede producir 550 metros cuadrados por hora. Y sí: es la Speedy Gonzalez del mercado argentino.

La pedis hoy, la tenés en 60 días: Lucy’s House la empresa cordobesa de construcción modular (y transportable) quiere hacer viviendas para Uruguay y Paraguay

(Por Juliana Pino) Lucy's House nació en Córdoba como una solución transitoria y hoy juega en el escenario nacional con viviendas modulares personalizables, alcanzando a empresas y familias que buscan calidad, innovación y precios sin sorpresas. Arrancan de los 27.000 dólares. Santiago Ruiz, su fundador, nos cuenta cómo comenzó este sueño que ya tiene miras internacionales.

Un arquitecto cordobés dibujó el auto de Colapinto, Williams lo compartió en sus redes y ahora vende las láminas

(Por Josefina Lescano /RdF) El arquitecto y artista Gastón Castellano encontró la manera de fusionar sus dos grandes pasiones: la arquitectura y los autos de carrera. Su ilustración del Williams de Franco Colapinto no solo deslumbró en redes sociales, sino que fue seleccionada por el equipo británico en su sección "Fan Art", marcando un hito para el talento argentino.

Con la industria del juicio vivita y coleando, las ART le dan un ultimátum a la Justicia por los Cuerpos Médicos Forenses (solo Mendoza lo constituyó)

El panorama de los juicios laborales en Argentina es cada vez más alarmante. En octubre, el sistema judicial registró el inicio de 11.851 nuevas demandas por riesgos del trabajo, lo que representa un aumento del 14,3% con respecto al mismo mes del año anterior. En total, durante los primeros 10 meses de 2024 se contabilizaron 105.960 nuevos juicios, y las proyecciones indican que el número superará los 128.000 para fin de año. Esta creciente judicialización pone en jaque a las ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo), que aseguran a más de 10 millones de trabajadores en el país.